Kattalingorri nació en el año 2000. Tras décadas de lucha a pulso en favor de los derechos de gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales (durante las que comenzó a dar servicios de asesoría sexológica y jurídica profesional, con sus propios recursos), durante la legislatura del cambio en Nafarroa se crearon dos entes públicos para continuar con esta función.

Primero movió ficha el Gobierno, creando en 2016 Kattalingune, un servicio de asesoramiento que pasó a gestionar Kattalingorri para Nafarroa. Un año después, Iruñea sacó adelante Harrotu, otro centro de asesoramiento para la ciudad que se quedó Kattalingorri tras ganar el concurso público.

Lo que les transmitió el Gobierno la semana pasada es su intención de cerrar el asesoramiento en el centro Harrotu (aunque el espacio pudiera mantenerse como local para que los colectivos de la ciudad se reúnan) para que todo se gestione desde el Gobierno. Y contra esto es lo que no solo Kattalingorri, sino los diferentes colectivos LGTBI de la ciudad, levantaron ayer la voz.

En una rueda de prensa, los colectivos de la ciudad exigieron al Ayuntamiento que evite «el recorte de los servicios de asesoría jurídica y sexológica y el despido de tres trabajadoras». Sostienen que estas pérdidas de empleo supondrán una merma en la capacidad de atención y que cargar a Kattalingune (el espacio de asesoría para el resto de localidades) con la labor que se realizaba desde Harrotu puede provocar desatención de las zonas rurales, donde la labor de asesoría jurídica y sexológica es aún más necesaria.

Afirman que, contrariamente a lo que se trasladó en el encuentro de la semana pasada, no existe duplicidad alguna entre el servicio municipal y el ofertado por el Gobierno, sino que siempre se han coordinado y complementado.

El Ayuntamiento emitió una nota diciendo que Harrotu continuará como espacio para que se reúnan los colectivos. También aseguró que la ley de 2017 dice que el asesoramiento debe asumirlo el Gobierno. Aún así, se compromete a mantener la asesoría hasta que pueda asumirla el Gobierno.