Las protestas contra la recientemente aprobada enmienda a la Ley de Ciudadanía, que excluye a los refugiados e inmigrantes musulmanes, se extendieron ayer desde Nueva Delhi a otras universidades de India con nuevas manifestaciones de multitudes de estudiantes.

Las protestas, que acabaron el domingo en enfrentamientos entre estudiantes y policía en la Universidad Jamia Millia Islamia de la capital india, y que dejaron un saldo de cientos de jóvenes heridos y detenidos, se extienden ya por casi todo el país y movilizan a estudiantes de Bangalore, Lucknow, Bombay, Aligarh, Hyderabad, Patna, Raipur y Chennai, entre otras ciudades indias.

La enmienda, aprobada la semana pasada por el Parlamento, facilita la atribución de la ciudadanía india a los refugiados de Afganistán, Banglasdesh y Pakistán pero a condición de que no sean musulmanes. Hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos son bienvenidos, no así los que profesen la fe mahometana.

Esta ley está siendo muy criticada por ir contra el espíritu laico de India al hacer de la religión un factor para obtener la ciudadanía. Y, a juicio de sus detractores, se inscribe en la voluntad del Gobierno panhinduísta de marginar a la minoría musulmana, un 14% de sus más de 1.300 millones de personas.

Protestas de signo contrario

Por contra, en el nordeste de India, las protestas contra la ley son de signo contrario. Los manifestantes se oponen a la enmienda porque temen la llegada masiva de refugiados hindúes del fronterizo Bangladesh a una región con un frágil equilibrio intercomunitario.

Las protestas en esta región se han saldado con seis muertos. 6.000 personas se manifestaron el domingo en la capital del Estado de Assam, el principal de la región nororiental, y no se registraron incidentes.

De vuelta al movimiento que denuncia el ataque al histórico laicismo indio, el primer ministro, el panhinduísta Narendra Modi, denunció a «grupos con intereses ocultos que buscan sembrar la división» e insistió en que la nueva ley «refleja la cultura multicultural de aceptación, armonía, compasión y fraternidad (sic) de India».

Por contra, Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso, tildó la ley y el controvertido registro de ciudadanos de «armas de polarización de masas lanzadas contra India por los fascistas».

Pero las críticas a la ley no se limitan al Partido del Congreso, que fue prácticamente barrido por el gubernamental BNP. En Calcuta, capital de Bengala Occidental, el jefe del Ejecutivo local, Mamata Banerjee, lidera las protestas. También se están registrando manifestaciones en Kerala, próspero Estado del sur de India en manos de la oposición.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y un partido político musulmán han recurrido la Citizenship Amendment Bill (CAB) ante la Corte Suprema por considerar que la enmienda es inconstitucional.

Freno en la economía

Ashok Swain, profesor en la Universidad de Uppsala (Suecia), opina que la amplitud de las manifestaciones ha cogido con el pie cambiado al Gobierno, confrontado a una fuerte ralentizamiento de la economía india. «Las protestas tienen eco internacional y se extienden. Eso incrementará la presión sobre el Ejecutivo ahora que la economía no va bien», considera.