Pese a la exculpación definitiva por parte del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), la mayoría de PNV y PSE sigue tratando de imputar responsabilidades económicas a Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin (Bildu) por parar la incineradora de Zubieta en 2013. Ahora lo intenta por otra vía: la apertura de expediente de responsabilidad patrimonial directa. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) le dio ayer su visto bueno.

Después de que el Tribunal de Cuentas desestimara definitivamente en junio pasado la demanda interpuesta por GHK contra los anteriores gestores, Errazkin (que fue diputado) e Intxaurrandieta (responsable del Consorcio), la mayoría formada por PNV y PSE sigue en su empeño. Lejos de acatar la resolución, en la asamblea de julio GHK solicitó un informe jurídico para conocer si existían indicios de responsabilidad en los miembros que adoptaron la decisión de paralizar el proyecto anterior –que, según los actuales responsables, ocasionó un daño de más de 41 millones de euros a las arcas guipuzcoanas– y establecer el procedimiento para tramitar este expediente.

Tras conocer el informe, la asamblea del Consorcio optó ayer por abrir el expediente de responsabilidad patrimonial «para exigir las posibles responsabilidades por los daños y perjuicios causados», al tiempo que ha aprobado un convenio en el que se solicita a la Diputación Foral de Gipuzkoa su apoyo técnico para la instrucción de dicho expediente.

El Tribunal de Cuentas estatal no solo validó inicialmente la actuación de los responsables de Bildu, en un fallo firmado por la exministra de Justicia del Gobierno Aznar Margarita Mariscal de Gante, sino que el pasado mes de junio rechazó además el recurso de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa dándoles la razón en todos los extremos planteados.

En la reunión de ayer también se aprobó la ampliación del plazo para finalizar las obras del complejo de gestión de residuos de Zubieta, que deberá estar totalmente operativo el próximo 3 de marzo.

Por la meteorología

Para poder adoptar esta decisión, el Consorcio se ha basado en un informe que asegura que las condiciones meteorológicas registradas entre los meses de noviembre de 2017 y julio de 2018 causaron «un retraso justificado de cinco meses en la ejecución del contrato no imputables a la concesionaria».

GHK ha aprobado además un presupuesto de 47,5 millones de euros para el ejercicio 2019, con un apoyo del 65,5 % de los votos de la asamblea.

Las cuentas incluyen una aportación de 6 millones de euros, además de ingresos corrientes de 39,2 millones de euros, con la aplicación de las nuevas tarifas, un 5% más altas, de manera que el precio de la tonelada para la fracción resto pasará de 173,11 euros a 181,36 y la del biorresiduos se situará en 147,95 euros.