La CAV es «una potencia en la industria armamentística», afirmó ayer Ongi Etorri Errefuxiatuak en una comparecencia en Bilbo en la que mostró su disconformidad ante el informe “Comercio y exportación de armas en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de las exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable”, elaborado por Gobernence para Lakua y presentado en noviembre.

Consideró que se trata de «un informe justificativo», que sitúa a Lakua «en una posición de observador, como que no le caben capacidades para actuar sobre esta industria tan vulneradora de los derechos humanos». Pero sí «puede hacer más», por lo que subrayó que «la complejidad del reparto competencial no puede servir de excusa para derivar responsabilidades a otros niveles gubernamentales». Indicó, en este contexto, que existen «muchos ámbitos» en los que Lakua puede influir para reducir la producción, financiación y comercio de armas desde Euskadi».

Apuntó, en esta línea, que «se puede ir cortando» el apoyo que ofrece el Ejecutivo de Urkullu a empresas que «son duales, con producción civil y militar», y que «se benefician directa o indirectamente de ayudas o exenciones fiscales». Propuso, así, alternativas como impedir el acceso a ayudas y subvenciones de las administraciones vascas de internacionalización y al comercio a las empresas armamentísticas. «No para acabar con esas empresas, sino para redirigirlas a otra actividad productiva, que sea civil y que no sea dañina», explicó

Planteó un nuevo sistema de incentivos y ayudas a la conversión de la actividad productiva de la industria militar en industria civil, con «una apuesta clara por la reconversión a la industria civil».