Iker BIZKARGUENAGA
EUSKAL HERRIA NO ES UN OASIS

DE MIGUEL: UNA ISLA ENORME EN UN ARCHIPIÉLAGO DE CORRUPCIÓN

La desabrida reacción jeltzale a la sentencia del «caso De Miguel», con alguna salida de tono, pone de relieve el impacto que ha causado el fallo en la línea de flotación del PNV. Un partido cuyo relato oficial sobre la corrupción queda desbaratado por la hemeroteca.

Las comparecencias, casi al mismo tiempo y sin duda coordinadas, de Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar dieron el martes la medida de lo importante que ha sido la sentencia del «caso De Miguel» y sus implicaciones para el PNV. No por esperado su efecto ha sido menor para un partido que se sabe señalado y que, precisamente por eso, ha echado el resto para tratar de desvincularse de los condenados y los hechos que se les atribuye.

Lo tiene difícil. En primer lugar, porque los principales encausados en este sumario eran altos cargos institucionales y de partido. Además, durante todo este tiempo han sido arropados por sus compañeros, incluso en sede parlamentaria y de forma ostentosa. Joseba Egibar sabe algo de todo esto. Pero lo que es más importante, la propia sentencia, que incluye condenas por «asociación ilícita», señala al PNV como elemento clave para que esa «red» fraudulenta pudiera prosperar; si no hubieran sido importantes cargos jeltzales todo hubiera quedado en agua de borrajas. En este contexto, que Ortuzar dijera en Radio Euskadi que él «no estaba en esa época» es un torpe intento de escaqueo. Estaba, como presidente del BBB, igual que Urkullu, líder del partido y por tanto responsable máximo de los compañeros condenados.

De las tragaperras a las Haciendas

Es evidente, por tanto, que el «caso De Miguel» es relevante. Pero no es excepcional. Los casos de corrupción en Euskal Herria son como las meigas en Galicia, haberlos haylos, y en gran cantidad; suficiente como para no mirar por encima del hombro a nadie. Y en buena parte de ellos aparecen implicados cargos del PNV, que exhibe un rosario cada vez más lago de condenas, que no son contra el partido –Ortuzar dixit–, pero que sí le interpelan directamente, hasta formar una especie de archipiélago de corrupción en aguas que vendían como prístinas.

El primer caso sonado fue el de las tragaperras, datado en los años 80 y que hacía referencia a una presunta trama de financiación ilegal del PNV a través de la venta de licencias de máquinas de juego. Sin embargo, en 2001 la Audiencia de Bizkaia consideró que los hechos enjuiciados habían prescrito. No hubo condena, pero aún hoy cuando en este país se menciona la palabra tragaperras todo el mundo piensa lo mismo.

Aquella sombra persiguió al PNV igual que los casos «Ibarra» y «Bravo» han perseguido a las Haciendas de Bizkaia y Gipuzkoa.

En el primer caso, el exjefe de Inspección, Juan Ramón Ibarra, una de las personas con mayor poder en la institución vizcaina, fue condenado a cuatro años y medio por falsedad en documento público tras haber protegido a doscientos contribuyentes simulando que figuraban en un listado informático para ser inspeccionados, sin que luego se realizaran esas inspecciones. Contó siempre con el apoyo del PNV y de la Diputación, que se resistió durante casi un año a destituirlo, aunque en febrero de 2004 dejó caer a quien había sido su inspector jefe desde 1989.

En el otro extremo de la AP-8, la causa abierta contra el exdirector de la Hacienda de Irun, José María Bravo, sacudió a todo el herrialde. Fue acusado de pedir dinero a cambio de minorar o directamente saldar deudas, una práctica que le habría hecho ganar 1,9 millones de euros, mientras el erario perdía más de ocho millones. En este caso la Diputación actuó como acusación, y la Audiencia de Gipuzkoa le condenó a once años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes. Su mujer, Rosa Cobos, fue castigada con tres años y cuatro meses de cárcel.

Pero a la familia Bravo le aguardaban más disgustos. El hermano de José María, Víctor, exsenador del PNV y director de Hacienda entre 1991 y 2003, se enfrenta a una petición de entre cuatro años y medio y nueve años de cárcel por el «caso Glass Costa». Está acusado de haber posibilitado que una sociedad tarraconense pudiera disfrutar ilícitamente del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa. El juicio quedó visto para sentencia en setiembre.

Una larga lista de cargos municipales

Por entidad, estos son los casos más llamativos en la CAV, aunque cuando se fija la lupa en los municipios el número se dispara. Así, por ejemplo, el exalcalde de Getaria Mariano Camio fue condenado en junio a cuatro años y medio de cárcel como autor de delitos de administración desleal y de falsificación continuada en documento mercantil en el caso de la construcción del Museo Balenciaga. En otro municipio costero, Bakio, el exalcalde Txomin Renteria fue condenado por el Supremo a ocho años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación en una causa relacionada con el frustrado proyecto de talasoterapia.

También en Bizkaia, el exalcalde de Karrantza Jose Luis Portillo y el cargo de Lakua Martin Ascacibar, junto a otros miembros del consejo de administración de Karrantzako Minda, fueron inhabilitados y multados en 2018 como responsables del concurso de acreedores de la sociedad que iba a construir una planta de purines en el municipio. Un año antes, la exedil de Erandio Itziar Koba fue condenada por prevaricación. En 2009, el exalcalde de Mallabia José Luis Pagaldai entró en prisión por malversar 391.303 euros del Ayuntamiento. El exalcalde de Errigoiti Iñaki Madariaga es reincidente en los juzgados; fue acusado de empadronamiento irregular, y condenado por golpear a un vecino contrario a una polémica planta de biomasa. Además, dos exregidores de Alonsotegi están procesados por malversación, fraude y tráfico de influencias. No están todos los que son pero son todos los que están, y muestran que en lo referente a corrupción esto no es un oasis.

Y también que los casos aislados ya empiezan a ser norma en Sabin Etxea.

 

Urralburu lidera una lacra que ha derribado gobiernos

La política navarra se ha visto sacudida por importantes casos de corrupción, con el PSN como actor principal, aunque UPN también presenta un currículum importante en esta materia.

El «caso Urralburu» es el que se lleva la palma en este herrialde. El Gabriel Urralburu, presidente de Nafarroa entre 1984 y 1991, fue juzgado por cobrar comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicación de obras públicas. Resultó condenado en 1998– junto a Antonio Aragón Elizalde, exconsejero de Obras Públicas, sus respectivas esposas, el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán y el testaferro Jorge Esparza– a 11 años de prisión y 780 millones de pesetas de multa, aunque el Supremo rebajó la pena a 4 años al entender que eran incompatibles los delitos de cohecho y fraude fiscal.

No le fue mejor al siguiente dirigente del PSN que accedió a la presidencia navarra: Javier Otano. Duró menos de un año en el cargo, pues dimitió al conocerse que la juez Marisol Alejandre había descubierto una cuenta bancaria en Suiza a su nombre y al de su esposa, Teresa Arcos. Aunque los cargos se consideraron prescritos, aquello acabó con el experimental tripartito entre PSN, CDN y EA, y devolvió el poder a UPN.

En el debe de este último partido cabe apuntar el «caso Galipienzo», que toma el nombre de Ignacio Galipienzo, alcalde de Eguesibar entre 1999 y 2003, juzgado por corrupción urbanística y condenado a un año de cárcel.I.B.