El exjefe policial Miguel Planchuelo, que fue condenado en 1998 por el Supremo español por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, en lo que fue considerada como primera acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), falleció ayer en Pontevedra a los 79 años de edad.

En los últimos años se trasladó a vivir a Pontevedra, de donde era natural la familia de su mujer, y donde fue diagnosticado de una enfermedad neurodegenerativa. Con anterioridad, había vivido en las dependencias policiales de Salamanca.

Planchuelo era jefe de la Brigada de Información de la Policía española en Bilbo cuando se produjo el secuestro de Marey en 1983, por lo que fueron condenados, además del excomisario de Policía, el exministro español José Barrionuevo, así como Rafael Vera, ex secretario de Estado de Seguridad; Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Bizkaia; y Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSE-PSOE en Bizkaia.

El esclarecimiento, más de diez años después, del secuestro en Ipar Euskal Herria de Marey, a quien, al parecer, confundieron con un refugiado vasco, fue la pieza clave que evidenciaría la participación de Interior en la trama de la guerra sucia entre los años 83 y 87 contra el independentismo vasco.

Planchuelo fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por el Supremo español. No obstante, se benefició, junto al resto de condenados, de un indulto parcial que les otorgó el Gobierno de José María Aznar. Quedó en libertad en diciembre del año 1998.

En 1999, declaró como imputado ante el juez que reabrió el sumario por el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santi Brouard. El exjefe de la Brigada de Información de Bilbo eludió la prisión preventiva después de que el Sindicato de Comisarios de Policía pagara una fianza de cinco millones de pesetas.

En 2011, la Audiencia Nacional absolvió a Planchuelo tras el último juicio sobre acciones de los GAL al considerar que ya fue condenado por el secuestro de Marey bajo la misma acusación. Se le acusaba de haber organizado la financiación de los atentados cometidos por los GAL, a través de sicarios portugueses, en febrero de 1986 contra los bares Batzoki (Baiona) y Consolation (Donibane Lohizune), que se saldaron con un total de ocho personas heridas.