«Hijo, escucha, tu madre está en la lucha», claman los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una agrupación de personas que se reconocen como víctimas –o supervivientes– de la militarización que el Gobierno mexicano desplegó a finales de 2006 para, supuestamente, combatir la criminalidad organizada, y que causó más de 280.000 muertos, unos 61.000 desaparecidos y entre uno y ocho millones desplazados internos.

Una crisis humanitaria que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) visibilizó ya en 2011. Las movilizaciones fueron entonces convocadas por el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia tras la muerte de su hijo Juan, y el pequeño grupo que se congregó a su alrededor fue poco a poco creciendo, hasta convocar una marcha –en 2011– de Cuernavaca a Ciudad de México para pedir un alto a la violencia. Miles de personas se sumaron en el camino. Luego se organizó una caravana que atravesó el centro y el norte del país hasta Ciudad Juárez –entonces «capital de los feminicidios»–, otra rumbo al sur y una tercera que recorrió 27 ciudades de Estados Unidos para visibilizar la violencia que se vive en México y exigir un alto a la exportación de armas.

«En algo andaban»

Por primera vez se logró articular a los colectivos que desde hace tiempo denunciaban la masacre mexicana: las víctimas de la violencia y sus historias recorrían juntas las calles y aparecían en los medios. Se fue desmoronando la versión del Gobierno de que los homicidios y las desapariciones ocurrían a personas que «en algo andaban», y que sólo se registraban algunos «daños colaterales».

Magdalena Puente González no estuvo en las protestas de 2011, pero esta vez ha viajado más de mil kilómetros para sumarse, pues hace cinco meses mataron a su hijo. «Me uno a la marcha para pedir justicia para todas las personas que hemos perdido a un hijo, que es lo más fuerte que te puede pasar en la vida», afirma esta mujer del Estado de Coahuila, mientras algunos coches pitan para dar ánimo a los caminantes que, paso a paso, suben por la empinada autopista Cuernavaca-Ciudad de México.

«El logro principal de las movilizaciones del MPJD de 2011 no es un botín político, sino el hecho de que los caminantes adquirieron capacidad organizativa, pasaron de ser víctimas a ser personas que exigen. Se crearon colectivos en todo el país conformados por personas que no piden sólo la resolución de los casos de sus seres queridos sino el esclarecimiento de todos los demás», enfatiza Norma Garduño, integrante del MPJD, que sostiene el cordón que rodea la Caminata por la Paz.

Como muchos de sus compañeros, Garduño es al mismo tiempo superviviente y militante. Por su lucha en contra de la empresa canadiense Esperanza Silver fue secuestrada con tres de sus hijas, y luego se tuvo que desplazar a otra región del país con toda su familia. Hoy, como siempre, su familia la acompaña en la marcha: su marido, sus hijas adolescentes y su bebé de tres años, que lleva una camiseta que dice «no a la minería».

Son muchos los niños que participan en la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad. Hay niños indígenas nahua procedentes de Chilapa, en el Estado de Guerrero, uno de los municipios del país más afectados por la violencia. Hay otros de origen estadounidense que pertenecen a la comunidad mormona LeBarón, asentada en Chihuahua.

En noviembre pasado, la familia LeBarón fue emboscada por un grupo armado que mató a 3 mujeres y 6 niños, dos de ellos bebés, de la misma familia.

Fue a raíz de esta masacre que, a nueve años de las caravanas de 2011, Julián LeBarón y Javier Sicilia decidieron convocar una nueva movilización, desde el 23 hasta el 26 de enero de 2020, que empezó en Cuernavaca y concluyó frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano. Una movilización cuyo objetivo ha sido tanto visibilizar la violencia y sobre todo recordar al Gobierno algunos compromisos que tomó sobre la implementación de mecanismos de justicia transicionales que puedan ayudar el Estado a empezar un proceso de transición hacia un periodo de «posviolencia», como la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación extraordinario para las víctimas de la violencia.

Principal arma, el diálogo

«Ante el colapso de las instituciones ordinarias, hace varios años se empezaron a trabajar unos mecanismos extraordinarios que se podrían implementar para encontrar verdad y justicia. Se abrió una ventana de oportunidad con este Gobierno que empezó a hablar de este tema durante la campaña», explica Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal internacional y Justicia Transicional.

Dayán participó en las mesas que, hace más de un año, el recién electo Gobierno de López Obrador abrió con algunas organizaciones de la sociedad civil para crear una propuesta de justicia transicional. Un compromiso que ha sido olvidado por López Obrador y que los manifestantes piden se retome.

Julián LeBarón fue una de las cabezas más visible de las movilizaciones de 2011, pero luego rompió con Sicilia. Lo criticó por su excesiva disposición al diálogo con el expresidente Felipe Calderón, a quien llegó a estrechar la mano frente a las cámaras. LeBarón pensaba que era necesario dedicarse más a la movilización en las calles, mientras que para Sicilia diálogo y movilización podían caminar en paralelo. El domingo, pese a tener posiciones distintas, volvieron a marchar juntos.

«El MPJD nunca se planteó ser un movimiento radical, nunca pensamos destituir al Gobierno como tal y reconocemos al Estado y las obligaciones que tiene» aclara Garduño. «Muchas de nuestras consideraciones están basadas en los principios gandhianos y la principal arma de la no violencia es el diálogo».

La disposición al diálogo de Sicilia con el Gobierno derechista de Calderón causó muchas criticas adentro del MPJD, y más incomodidad fue causada por el verticalismo y el personalismo del movimiento. Las divisiones de entonces se reflejan en las ausencias de hoy.

Algunos colectivos de víctimas decidieron no participar en la Caminata por la Paz a pesar de compartir sus demandas, mientras que ha sido notoria la presencia de personas cercanas a partidos derechistas. También se han escuchado críticas en el que sentido de que el objetivo de algunos caminantes no es «necesariamente hacer justicia y apoyar a las víctimas, sino encontrar la oportunidad de ir en pos de sus propios intereses».

Además, han rechazado la decisión de LeBarón de contratar como abogado a Abel Murrieta, exprocurador del Estado de Sonora, quien habría encubierto el homicidio del activista Nepomuceno Moreno, muerto por buscar su hijo desaparecido.

En todo caso, el domingo fueron miles las personas llegadas de todo el país para acompañar en silencio a la Caminata por la Paz hasta el Palacio Nacional. Pero no entraron a la sede del Ejecutivo: el presidente tildó de «show» su movilización y decidió que fueran recibidos por el Gabinete de Seguridad. Los manifestantes se negaron: «La verdad, la justicia y la reparación no son un asunto de policías».

Hay opiniones distintas entre los manifestantes sobre López Obrador: algunos aseguran haber votado por él y sentirse decepcionados, otros dicen que nunca lo han apoyado, otros que no quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, sino exigirle retomar la agenda de víctimas y las medidas para la pacificación que prometió.