La asociación tiene un año de vida, pero en este breve periodo ha removido tierra, mar y aire, desde denuncias penales y sociales a incluso canónicas –aunque las rompieran simbólicamente frente a la sede del Arzobispado de Iruñea y Tutera–, en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

El cajón de la pederastia en la Iglesia católica, oxidado y decrépito, se empezó a abrir a partir de la mitad del siglo XX y, en los últimos años, han cobrado especial relevancia los casos de Irlanda, Chile y Estados Unidos, donde, desde 1950, se han desenmascarado más de mil trescientos casos e implicado a más de trescientos sacerdotes. En el Estado español, un estudio encargado por el Gobierno de Felipe González y realizado por el catedrático de la Universidad de Salamanca, Félix López, dictaminó en 1995 que más del 4,17% de los abusos a menores fueron cometidos por religiosos, sobre todo desde 1950 a 1970. Asimismo, el diario “El País” contabilizó 120 casos de abusos destapados en los tribunales y en los medios. El primero data de 1986, y destaca el «acelerón» de 2019.

El pasado año, una carta que Javier dejó a su hermano Guillermo antes de suicidarse rompió el silencio en Nafarroa de un tema tan difícil de digerir. Fue en “Ser Navarra” donde Guillermo relató los violentos y sádicos abusos por parte del enfermero y religioso de los Padres Reparadores de Gares en la década de los 70. Otros trabajos realizados por “Diario de Noticias” también han contribuido a destapar nuevos casos.

A partir de la misiva, Jesús Zudaire, presidente de la asociación, con 65 años y tras 19 años en tratamiento psicológico, decidió denunciar ante la Guardia Civil los «abusos sexuales y agresiones físicas y psicológicas» que sufrió en el colegio Nuestra Señora de El Puy de Lizarra en los años 60 por parte de José San Julián, el director del centro entre 1959 y 1973.

«Mis recuerdos empiezan a los ocho años. San Julian nos sacaba a la tarima y, cuando acabábamos el ejercicio, nos llamaba a su mesa y nos cogía de la cintura. En aquella época llevábamos unos pantalones cortos, y nos empezaba a meter los dedos por los genitales y por el pene, ahí se recreaba, y luego te empezaba a acariciar las nalgas hasta que te metía un dedo en el ano», relata. Pero no acababa ahí, porque San Julián era «sádico y perverso», y las palizas que propinaba a los alumnos eran constantes: «Nos torturaba. Nos agarraba de las patillas y al soltarte te daba un bofetón en el cuello y te tiraba al suelo».

A los 14 años, decidió abandonar el colegio y trabajar en una pastelería industrial. 41 años después, antes de denunciar, decidió contárselo a su hija de 33 años: «Se lo dije un poco por encima, que lo iba a denunciar y que iba a salir en la prensa. La respuesta fue apoyo total y absoluto». A partir de ahí, las denuncias ganaron impulso como «una bola de nieve», explica Roncal, y San Julián, fallecido hace 25 años, ya reúne seis denuncias policiales en su contra. «Te llevaba a confesarte y aprovechaba para hacer las perrerías que quería hacer», recuerda Azpilikueta. «Te tocaba, también me llamaba a su despacho, se ponía colorado como una perra en celo, así de claro y así de duro», añade Roncal.

Senosiain, sin embargo, recuerda que no le llegó a tocar, simplemente le obligaba a desnudarse y permanecer quieto en su despacho, al lado de la ventana. «Hay que entender el contexto, en el tiempo aquel imperaba el nacionalcatolicismo puro y duro», explica. En la época franquista se condicionaron las vivencias de la sexualidad marcada por la iglesia. Tabú, pecado, represión, desigualdad en los derechos, estereotipos de género, oscuridad, silencio, falta de información, obediencia, placer como pecado o moral son algunas de las palabras que expresan sobre la sexualidad.

Treinta denuncias

Además de El Puy, hay un patrón de impunidad evidente que afecta a otros colegios con 30 denuncias en Nafarroa, concretamente a los centros de Salesianos, Maristas, Jesuitas y Ursulinas de Iruñea y los Padres Reparadores de Gares. Asimismo, Zudaire anuncia que quizá pronto haya otras dos denuncias más, una en Iruñea y otra en la propia Lizarra. Diez de los denunciantes forman parte de la asociación, integrada por ocho hombres y dos mujeres, desde los 55 a los 70 años, creada hace un año con el objetivo de «hacer terapia de grupo y apoyarnos unos a otros en busca de la verdad y el reconocimiento del daño», explica Zudaire, que lamenta la «doble victimización» sufrida, primero por ser víctimas de estos hechos y después por el «silencio» y el «encubrimiento» por parte de la Iglesia navarra.

«Cuando había denuncias públicas en aquella época, el arzobispado cambiaba a los curas de centro», recuerda Azpilikueta, quien añade que no han encontrado respuesta alguna por parte del Arzobispo de Iruñea y Tutera, Francisco Pérez González. «En una reunión dijo que un día malo lo tiene cualquiera», señala Roncal. GARA se ha intentado poner en contacto con el arzobispado, pero ha sido imposible. La única respuesta pública en relación a los hechos acaecidos en Nuestra Señora de El Puy fue un comunicado en el que la Iglesia navarra asegura que, al haber fallecido el acusado, no se puede conocer «el alcance de los hechos denunciados».

«La respuesta de la Iglesia resulta insuficiente. Se han producido avances en el último papado, pero en este caso no se puede decir que sean efectivos; no hay evaluaciones externas y no se dan datos», remarca Gema Varona, presidenta de la Sociedad Científica Vasca de Victimología. Asimismo, explica que las víctimas, aunque cada una sea «un mundo», todas sufren «un impacto duradero, se ha producido en la infancia, y produce una falta de autoestima, es una falta de creencia, de confianza en los demás» porque «a lo mejor no se podía haber evitado el abuso», pero la ocultación sistemática ha hecho mucho daño.

El hecho de que muchos delitos hayan prescrito no quita para que no se pueda dar otro tipo de respuesta, destaca Varona, como la creación de comisiones de investigación, como la que se hizo en Alemania. Y es que, según Zudaire, son «cientos» los casos solo en Lizarra y que no han salido a la luz. La Iglesia navarra ha anunciado la puesta en marcha de una Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables atendida por un equipo multidisciplinar bajo la dirección de la abogada y secretaria general de Caritas en Nafarroa, Maite Quintana, pero desde la asociación aseguran que «lo primero que tenía que hacer es pedir perdón y reconocer que ha habido delitos en colegios religiosos». «Meter a Caritas en la comisión es un sacrilegio», añade Zudaire.

Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Nafarroa, señala que, «victimológicamente hablando, no tiene sentido que sea la entidad de la que forman parte los agresores» la que haya creado la comisión. «Planteamos que la Iglesia tiene que asumir su responsabilidad en términos de justicia y verdad», añade. El Gobierno se ofreció como mediador entre la Iglesia y las víctimas y, aunque los contactos son «fluidos», todavía no se ha materializado. «Tenemos que decir que les creemos, tenemos que darles los cauces. Tenemos una oficina pública y que actúa con criterio», destaca, haciendo referencia al Servicio de Asistencia a las Víctimas de Delitos. «Puede dar lugar a esquemas donde tenga cabida la justicia repartida, entre un representante de la institución y la víctima, porque es muy importante que se reconozca que se cometió una injusticia, se ocultó y se culpó», remarca Varona.

Tanto la criminóloga como el Gobierno de Nafarroa participarán en el primer congreso estatal sobre pederastia que tendrá lugar este viernes en el Condestable de Iruñea. También ha colaborado la UPNA, y participarán diferentes periodistas y expertos que han tratado los abusos en centros religiosos. La Iglesia católica designó un ponente, pero al final se ha echado atrás.