El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid celebró ayer la vista oral en relación con la demanda colectiva que representa a más de 7.500 personas por el caso del software instalado en vehículos diesel de Volkswagen que alteraba las emisiones cuando estaban siendo objeto de pruebas de laboratorio.

La OCU explicó que la acción judicial se inició en junio de 2017 después de que fracasase la conciliación. La OCU reclama más de 22 millones de euros en indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios, lo que supone cerca de 3.000 euros por persona afectada.

La asociación en defensa de los consumidores afirma que los usuarios afectados tienen derecho a ser indemnizados por el perjuicio sufrido «en condiciones similares a los consumidores americanos y australianos», donde la empresa ha llegado a acuerdos.

«La situación es totalmente distinta en Europa, que, ante la pasividad de distintas administraciones, ha obligado a organizaciones de consumidores de toda Europa a acudir a los tribunales para que exigir la indemnización a la que tienen derecho los afectados», explicaron desde la OCU.

El viernes, el grupo automovilístico alemán dio por fracasadas las negociaciones para indemnizar a los afectados atribuyendo a las asociaciones de consumidores de querer más dinero del pactado. VZBV desmintió la versión de VW, a la que imputó «falta de disposición» a alcanzar un acuerdo. «Estamos irritados por lo ocurrido», declaró Klaus Müller, representante de la asociación de consumidores VZBV.

A la entrada de la sede judicial, la portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, manifestó que Volkswagen ofreció una gorra y un llavero a los afectados.

«No estamos ante cualquier producto, sino ante el segundo mayor desembolso por detrás de la vivienda», recalcó durante su informe el letrado de la asociación Eugenio Ribón.

Afirmó que la compañía actuó «en contra de la política medioambiental de ahorro y eficiencia» con la que la «se ganaba la simpatía del consumidor medio» y arrebataba las ventas a sus competidores. Matizó que el hecho de que el vehículo, a nivel de potencia, no se haya visto afectado, no evita que «exista un daño económico» en un consumidor que podría haber comprado otros de menor coste.

La filial de la compañía en el Estado español se desmarcó de los trucajes al alegar que, dada su condición de importadora, no interviene en el proceso de fabricación, si bien descartó que el software instalado manipule los datos sobre emisiones.

Al finalizar la jornada, el magistrado dejó visto para sentencia la macrodemanda.