Human Rights Watch (HRW) rechazó el indulto del Gobierno de Sri Lanka al exsargento Sunil Ratnayake, uno de los pocos condenados por los crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas contra los tamiles.

Ratnayake fue declarado culpable en 2015 de la muerte de ocho personas, entre ellas un niño de cinco años, en Mirusuvil. Los cuerpos presentaban signos de tortura. El Tribunal de Apelación de Sri Lanka reafirmó la condena del exsargento.

La ONG rechazó el desprecio del Ejecutivo de Gotabaya Rajapaksa hacia las víctimas de este conflicto que se prolongó entre 1983 y 2009, año en el que el Gobierno, entonces encabezado por Mahinda Rajapaksa –hermano del actual presidente– lanzó una vasta ofensiva terrestre, marítima y aérea contra la guerrilla de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés). Colombo prohibió la entrada de organizaciones humanitarias y periodistas para aislar aún más a la población tamil. Sin embargo, la censura gubernamental no pudo acallar las denuncias de atrocidades y crímenes de guerra.

El número de fallecidos solo en los cinco meses que duraron los combates –entre enero y mayo de 2009– oscila entre los 20.000 y 75.000, según las fuentes. La ONU cifra en 40.000 el número de fallecidos, en todo caso, cifras muy alejadas del balance de 9.000 que dio en su día el Gobierno. El Ejército bombardeó indiscriminadamente hospitales y zonas civiles delimitadas como «seguras», y mató extrajudicialmente a prisioneros. Tras declararse el fin de la ofensiva, cientos de miles de tamiles, muchos de ellos con heridas de guerra y enfermos, fueron encerrados en campos de concentración. La violencia sexual, junto a la tortura, se convirtió en un arma de guerra.

Rajapaksa, militar retirado, fue ministro de Defensa entre 2005 y 2015, bajo la Presidencia de su hermano, quien ganó las elecciones con la promesa de «aplastar» a los tamiles.

En 2019 se convirtió en presidente y prometió liberar a los «héroes de guerra» que, a su juicio, fueron encarcelados por cargos «falsos». En sintonía con esta postura, nombró al jefe del Ejército Shavendra Silva, acusado de crímenes de guerra, como su jefe de Defensa personal, y al general retirado Kamal Gunaratne, implicado también en crímenes de guerra cometidos por la 53ª División del Ejército, como ministro de Defensa.

En relación al indulto de Ratnayake, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró en un comunicado que «el indulto presidencial es una afrenta para las víctimas y otro ejemplo del fracaso de Sri Lanka para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para proporcionar una rendición de cuentas significativa por crímenes de guerra, contra la humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos».

«Indultar a uno de los únicos culpables de atrocidades cometidas durante el conflicto de Sri Lanka socava aún más el progreso limitado que el país ha logrado para poner fin a la impunidad por el abuso masivo de los derechos humanos», remarcó.