Nos citamos con ellas justo antes del inicio del confinamiento por el coronavirus. Por este motivo no pudieron acudir al Parlamento Europeo como tenían previsto, pero sí mantuvieron reuniones con el Gobierno español, así como con diferentes fuerzas políticas y colectivos, y creen que fueron «fructíferas».

¿Cuáles son los objetivos de esta gira europea?

Denunciar lo que está pasando allá, la violación de derechos que han cometido las propias empresas, las españolas Elecnor y Enagas y la italiana Bonatti. Esta última demandó al compañero Juan Carlos Flores Solís [abogado de la Red de Pueblos que participó en la gira europea] y lo mandó a la cárcel. Estamos defendiendo el territorio, que es nuestro y, en cambio, ellos invaden nuestro espacio, nos denuncian y nos encarcelan; esa es nuestra indignación. Hemos sufrido la violencia en nuestras comunidades, la persecución, el asesinato…

En la fotografía posan con la imagen de su compañero Samir Flores Soberanes, indígena defensor de derechos humanos, campesino, herrero y comunicador popular.

Fue asesinado hace un año y exigimos justicia. Hay unas directrices que tiene el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM), que financia el Proyecto Integral de Morelos, según las cuales no puede violar los derechos humanos, pero eso es un decir. Queremos que se haga una investigación muy profunda a estas empresas. Queremos llegar a la gente de acá para decirles que el dinero del fondo es su dinero y que con él están violando los derechos de las comunidades indígenas nahuas. Queremos que el FIEM asuma su responsabilidad y pare la inversión.

Nos reunimos con sus directivos y nos dijeron que no tenían ningún mecanismo para hacer un seguimiento en materia de derechos humanos y cuando les preguntamos si iban a hacer algo nos dijeron que eso era cuestión de ellos y que no nos iban a informar.

¿En qué fase se encuentra el Proyecto Integral Morelos?

Está ya todo construido. Solo le falta una parte del acueducto. Pero hay amparos judiciales que lo frenan. Estaba previsto que comenzara a operar en 2012; han pasado ocho años y no lo han logrado. Ha sido por la lucha de las diferentes comunidades. El gaseoducto fue construido bajo la protección del Ejército en todo su trayecto (160 kilómetros) y la termoeléctrica con la presencia de la Policía Federal. Es un proyecto que se ha construido a través de la represión y de la violencia hacia las comunidades afectadas. Ha habido torturas. Un compañero, Jaime Domínguez, fue detenido y desapareció un día y medio. Debido a las torturas perdió el 40% de su capacidad auditiva. Ha habido presos políticos y situaciones de amenazas a compañeras y compañeros. También hemos sufrido violencia hacia las radios comunitarias. Hace poco decretaron prisión para varios compañeros, uno de ellos Alejandro Torres, que iba a venir a esta gira y no pudo por la situación de riesgo. A raíz del asesinato de Samir, un compañero y yo [Samantha Cesar] tuvimos que salir del pueblo, dadas las amenazas.

Teresa Castellanos: Yo fui golpeada y amenazada. Me decían que me iban a matar, que iban a atacar mi casa, que se iban a llevar a mis tres hijas y las iban a prostituir si seguía en esta resistencia, haciendo marchas, hablando por el ‘perifoneo’ (sonido de la comunidad). Te meten miedo, estas personas, aliadas del Gobierno de nuestro país pero también de las empresas, van detrás tuyo en todo momento.

Todo esto está generando una violencia muy fuerte que rompe también los tejidos sociales de las comunidades, en las que las familias no se hablan porque unos están a favor del proyecto y otros están en contra. Se posicionan a favor del proyecto no porque sea viable sino porque les ofrecen proyectos de ganadería, les construyen otra casa, les dicen que no contamina...

Pero en 2015, cuando comenzaron las pruebas de la termoeléctrica, el ruido que se detonó fue de más de 110 decibelios, lo que provocó estrés en los niños y que se golpearan entre sí en la escuela, que está a 200 metros de la termoeléctrica. Algunas de las que vivimos allí también hemos sufrido pérdida auditiva. No está todavía en funcionamiento, pero ya solo las pruebas causaron afecciones.

Samantha Cesar: Este proyecto es una sentencia de muerte. Por una parte, está la termoeléctrica y, por otra, el gaseoducto, que atraviesa 160 kilómetros del mapa volcánico con más de dos millones de habitantes. Se trata del volcán Popocatépetl, uno de los más activos del mundo. Este gaseoducto va a tapar las zonas de evacuación. En 2017 hubo un sismo muy grande en México cuyo epicentro se situó muy cerca del gaseoducto. ¿Si ocurre un accidente, el Estado español responderá por las muertes?

No fuimos ni consultadas ni informadas debidamente cuando dijeron que iban a alquilar las tierras. Nos dijeron que sería un tubito, pero nunca nos explicaron qué iba a transportar y tampoco nos dijeron que ese espacio de la tierra no lo podríamos ocupar.

En esta dura situación que están describiendo, ¿ven posibilidades de que el proyecto no entre en funcionamiento?

Por eso estamos acá, para ver qué tipo de solución se le puede dar. Esta lucha no va a parar. Si ellos deciden mantenerse en su terquedad y seguir adelante, les recordamos que somos los dueños de esos territorios y vamos a defenderlos como en su momento los defendió el general Emiliano Zapata Salazar y los recuperó. Esos espacios son y seguirán siendo nuestros. Venimos a pedir a la comunidad internacional que nos apoye en nuestra denuncia.

Si hablamos de la parte económica, en México hay una sobreproducción de generación de energía. Normalmente se genera un 18% de más para tener una reserva y en México estamos llegando a un 50%. Por tanto, el discurso de que se necesita generar energía es mentira.

Este tipo de proyectos atentan también contra la vida campesina. Es una transformación profunda de la forma en que hemos vivido durante cientos de miles de años los pueblos nahuas. Económicamente se podrían hacer otras cosas, como fortalecer la agricultura, los subsidios para el campo, erradicar la figura de intermediarios en la venta de los productos.

Para nosotros desarrollo no es crecimiento económico, sino una vida digna y poder decidir cómo queremos vivir. Nos dicen que lo pensemos, que ya se han invertido miles de millones de pesos, y nosotros les preguntamos: ¿Qué vale más, 22.000 millones de pesos o la vida de todas las personas que estamos en riesgo por este proyecto? ¿Qué vamos a poner en el centro: la cuestión económica o la vida de las personas?

Es una pregunta profunda que habla de los intereses de los gobiernos. El presidente Andrés Manuel López Obrador está continuando la política económica extractivista y está siendo cada vez más violento con los proyectos, como el tren maya, en un país donde están los últimos pulmones del mundo.

Es el momento de detener estas situaciones. Queremos sembrar junto a ustedes conciencia, dignidad, vida. Queremos cosechar esa vida entre ustedes y nosotros, juntos de la mano.

¿La respuesta de la gente de aquí ha sido favorable?

Sí. Hemos conocido la otra parte del Estado español y el País Vasco. Vemos que hay mucha solidaridad, ganas de recuperar lo que se está perdiendo. Vemos ese compañerismo y esas ganas de que el planeta se recupere. Las autoridades están viendo también qué aportar y les estamos pidiendo que se abran mecanismos para poder ver qué se puede hacer con estas empresas que están violando los derechos humanos.

Es importante ampliar los lazos de solidaridad entre los pueblos. La dignidad también está aquí. Si las transnacionales son capaces de unirse con los gobiernos, creemos que es importante que los pueblos se unan. La afectación es para todos.