El bosque tropical más grande del mundo, que alberga a más de una décima parte de todas las especies existentes, se halla en un punto de inflexión. Un grupo de más de 150 expertos realiza una revisión científica de toda la cuenca de la Amazonia –se extiende por Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana francesa–, un trabajo que esperan poder presentar el próximo año. «Estamos comenzando a comprender la importancia que tiene la selva amazónica en la comida que comemos, el agua que bebemos y la vida que vivimos», subraya Marielos Peña-Claros, integrante del panel de expertos y de su comité directivo científico.

Además, los principales defensores de este crucial espacio para la salud del planeta, los indígenas, sufren ahora los estragos causados por el covid-19, que ha agravado todos los males de la región: incendios, agricultura intensiva, extracción minera y petrolera, ocupaciones ilegales de tierras...

Casi tres millones de indígenas se reparten por la extensa Amazonia distribuidos en unas 400 comunidades, de las que unas 60 viven aisladas. La Red Eclesial Panamazónica estimó a finales de julio que 27.517 indígenas habían sido contagiados y 1.108 habían fallecido por el virus. Unos 190 pueblos nativos se han visto afectados por la epidemia.

Sin medios

A mediados de marzo, el anuncio de un primer caso en Manaos, “la capital” de la Amazonia, enciende la alarma en Carauari, una aldea del oeste de Brasil cuyos habitantes se encuentran entre los más aislados del mundo. Sin conexión terrestre, se necesita una semana de viaje en barco para llegar desde Manaos. El primer caso entre los indígenas brasileños se registra a principios de abril. Es una joven kokama de 20 años, profesional de la salud que trabajaba con un médico que dio positivo.

«No hay médicos en nuestras comunidades, no hay materiales de prevención», alertaba a finales de abril desde Ecuador José Gregorio Díaz, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas. En ese momento, la mitad de los diez casos detectados en la ciudad colombiana de Leticia, en la frontera con Perú y Brasil, provienen de este último país.

«Es la muerte anunciada de buena parte de la población brasileña. Si la enfermedad entra en Amazonia, no tendremos forma de asistir a las poblaciones: las distancias son enormes, los recursos muy pequeños», denuncia un mes más tarde el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado.

A mediados de junio en Cruzeinho las viviendas están casi vacías; la mayoría de sus ocupantes ha huido a la selva por temor a contagiarse de covid-19. A una semana en barco de esta pequeña localidad, los habitantes de la reserva indígena de Umariaçu adoptan una estrategia diferente: bloquean el acceso de los extranjeros a sus pueblos.

Miedo a los mineros

Para los yanomami, el peligro proviene de los mineros ilegales que regularmente invaden su territorio, que se extiende por más de 96.000 km2 en la frontera entre Brasil y Venezuela y alberga a unos 27.000 indígenas. «Sin eso, estaríamos tranquilos», manifiesta el jefe Mauricio Yekuana, cuya máscara blanca contrasta con el negro de las pinturas que adornan su rostro. Según indican distintas ONG, alrededor de 20.000 buscadores de oro operan en estas tierras, alentados por los proyectos del presidente Jair Bolsonaro, que quiere «integrar» estas zonas a «las maravillas de la modernidad».

Estos mineros son «todos posibles transmisores» de covid-19, según señala Greenpeace Brasil. Según un estudio realizado por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), si no se toman medidas, el 40% de los yanomami que viven cerca de las zonas de extracción de oro corren el riesgo de contraer el coronavirus.

Deforestación disparada

La deforestación se disparó un 85% en 2019, con 9.165 kilómetros cuadrados de selva talados, y para este año se estima que se rompa una nueva marca y avance hasta los 12.000 kilómetros cuadrados e incluso que pueda extenderse hasta los 13.000, indica la red Observatorio del Clima.

Los primeros datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE) apuntan en esa dirección: la deforestación en la Amazonia se ha incrementado un 25% en la primera mitad del año en comparación con el mismo período de 2019, cuando ya había marcado un récord. Y los especialistas temen un agosto particularmente trágico, ya marcado por incendios devastadores en el Pantanal brasileño.

Se acelera la deforestación para abrir camino al cultivo de soja y la cría de ganado, exportaciones clave de Brasil. «En muchas zonas donde he trabajado (...) solo falta quemar, pero el bosque ya fue talado. Por lo que la cuestión puede presentarse desde otro ángulo: ¿cuándo lo quemarán?», plantea Erika Berenguer, investigadora de las universidades de Oxford y Lancaster, precisando que temen «problemas respiratorios por el humo, que se agregarán al coronavirus».

Fondos de inversión

La Administración Bolsonaro quiere vender el 15% de la Amazonia a fondos de inversión. El programa “Adopta un parque” se dirige a los inversionistas «para que vengáis y nos ayudéis a cuidar el Amazonas. Participad, supervisad y actuemos juntos en esto», indica el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en declaraciones al ‘‘Financial Times’’ .

«Es una acción concreta que os permite hacer algo concreto por el Amazonas, con la ayuda del Gobierno», reitera Salles en respuesta a la carta abierta a las autoridades brasileñas de 29 inversores de nueve países, que gestionan activos por 3,2 billones de euros, para que revisen sus políticas en materia de deforestación en la selva amazónica.

15.000 incendios en agosto

Greenpeace ha informado de que en la primera quincena de este mes se han contabilizado 15.000 fuegos. El número de focos en el último mes, desde el 16 de julio al 15 de agosto, detectados por satélites apenas se redujo un 8% en comparación con el mismo periodo de 2019, a pesar de la «moratoria» para quemar establecida hace un mes por Bolsonaro. Tres meses después de que el Gobierno desplegara unos 4.000 soldados de la Fuerzas Armadas para «combatir crímenes medioambientales» como la tala de árboles, la minería ilegal y los fuegos, la región ha registrado 20.473 focos de calor entre el 16 de julio y el 15 de agosto, que son indicadores de la actividad incendiaria. Además, se producen «cada vez más» en tierras indígenas. El sistema de detección encontró en tierra Munduruku la mayor cantidad de focos de calor, 160, un 78% más con respecto al pasado año. En este contexto, la ONG subraya que la temporada de incendios empeora la actual crisis sanitaria, puesto que el humo y el hollín de los incendios provocan y agravan las enfermedades respiratorias.