El cierre de la mina de Bradley, en el norte de Inglaterra, supone un nuevo paso de Gran Bretaña hacia la salida del carbón, aunque esta lenta agonía podría prolongarse debido a varios proyectos de extracción destinados a las acerías y cementeras. Bradley, ubicada cerca de la ciudad de Durham, cesó su actividad el pasado lunes, poco después de que lo hayan hecho las de Shotton y Brenkley, todas del mismo propietario, Banks Group, que lamentó «el cierre de la última mina de carbón en Inglaterra», señalando que hay 250 empleos amenazados de desaparición.

En cambio, el fin de la vida activa de Bradley ha sido saludada por los defensores del medio ambiente después de meses de presiones y manifestaciones, sobre todo por parte de Extinction Rebellion, para impedir que se mantuviera abierta hasta 2021 como habían pedido, en vano, los responsables de Banks Group a las autoridades británicas.

Estos resaltaban que la mina de Hartington –también en el norte de Inglaterra, cerca de Sheffield– aún permanece abierta –aunque su tamaño no es comparable con las de Banks–, al igual que algunas pequeñas explotaciones subterráneas en otras partes del territorio inglés. Un portavoz de esa compañía indicó a AFP que igualmente hay algunas activas en Gales y en Escocia.

Desde época romana

Lo que es un hecho es que se ha pasado página en un país donde la extracción de la hulla se remonta 2.000 años atrás –fue aquí donde los romanos conocieron su uso como combustible– y donde varias decenas de explotaciones todavía estaban operacionales a principios de los años 2000.

Ante la urgencia climática, el Estado británico decidió poner fin definitivamente al uso del carbón para producir electricidad en el horizonte de 2025. Y es probable que ese objetivo se cumpla en plazo, ya que las centrales que utilizan esta fuente de energía se cuentan ya con los dedos de una mano.

Paul Etkins, profesor de economía en la UCL (Universidad de Londres), explica que, con el auge de las energías renovables, que representan «cerca del 40% de la electricidad británica» y cuyo coste ha bajado drásticamente, «las minas de carbón para uso de las centrales térmicas están cerrando porque ya no son rentables».

«Estamos muy cerca de ver en el Reino Unido el fin del carbón destinado a producir electricidad, y el cierre de las centrales térmicas está funcionando como estaba previsto», añade Isobel Tarr, una de las responsables de la asociación ecologista Coal Action. Sin embargo, esto no concierne al «carbón destinado a producir cemento o acero, y las empresas mineras están intentado hacer la transición hacia esas industrias», resalta en declaraciones a AFP.

Profunda carga política

Es más, las autoridades están tramitando varios proyectos de nuevas minas a cielo abierto, como el de Highthorn, también a cargo de Banks Group. Otro que está siendo combatido vigorosamente por los ecologistas es el de Woodhouse Colliery, en el condado de Cumbrie, en el noroeste del país, que sería «la primera mina de carbón subterránea construida en 40 años en el Reino Unido».

Este asunto tiene una importante carga política, que se distribuye entre los empleos que están en juego en un contexto de plena recesión en el que la Administración ha prometido dar un fuerte impulso a las regiones y los compromisos climáticos del Gobierno, que asumió el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050 del Acuerdo de París.

Banks Group ataca incesantemente esas decisiones y afirma que no autorizar estas explotaciones en Gran Bretaña conduce a incrementar las importaciones contaminantes de países lejanos como Estados Unidos y Rusia. Un argumento que es contestado por el profesor Etkins, quien indica que las emisiones de CO2 originadas por el transporte del carbón son mínimas en comparación con las de su combustión.

Para Isobel Tarr, el fin del carbón no llegará a Gran Bretaña sin «una visión audaz para pasar a la producción limpia de acero y cemento (...) impidiendo la apertura de nuevas minas». Asociaciones como Coal Action o Green Alliance sostienen que es posible producir acero con menos carbón, sobre todo reciclando el propio acero, modernizando las fundiciones para hacerlas más eficaces energéticamente o con técnicas innovadoras que utilizan gas natural o hidrógeno.

Lo que parece claro es que la minería del carbón está dando sus últimas bocanadas en la cuna de la Primera Revolución Industrial, donde, alrededor del año 1750, se inició una transformación social y económica que, literalmente, cambió la faz del planeta. Sin ir más lejos, cien años después, en la segunda mitad del siglo XIX, fue la industria británica la que impulsó la explotación masiva en Euskal Herria de otro mineral, el hierro, lo que transformó nuestro territorio tanto en las zonas mineras como en aquellas por las que se fue extendiendo la siderurgia. Esa etapa es la que ahora se conoce como Segunda Revolución Industrial.

Japón, dentro y fuera de sus fronteras

A escala planetaria aún es pronto para colocar el RIP en la lápida de la minería del carbón, como podemos observar analizando la actuación de una de las potencias que lidera el desarrollo de la Tercera Revolución Industrial, la que está basada en las nuevas tecnologías, y que no es otra que Japón.

A principios de julio, el Gobierno japonés anunció que va a «endurecer» las condiciones para invertir en proyectos de centrales de carbón en el extranjero, pero sin llegar a poner fin a esta política que levanta polémica dentro y fuera de sus fronteras. La tercera potencia económica mundial es criticada porque sostiene financieramente este tipo de proyectos impulsados por empresas japonesas en el Sudeste Asiático y porque también continúa explotando y construyéndolas en su propio suelo.

«No podemos ignorar que hay países en vías de desarrollo en el mundo que no tienen otra elección que recurrir al carbón», señaló el ministro de Economía, Comercio e Industria, Hiroshi Kajiyama, durante la rueda de prensa en la que anunció el cambio en las normas sobre inversiones. «Es importante abordar la descarbonización teniendo la mente puesta en esta realidad», añadió.

El diario económico “Nikkei” informó de que el Estado nipón continuará apoyando las inversiones en el extranjero para centrales que emitan al menos un 15% menos de CO2 que una central clásica, o las que utilizan conjuntamente carbón y biomasa.

«Es una decisión importante», comentó en tono positivo Kimiko Hirata, directora de la organización ambientalista Kiko Network, aunque lamentó que el Gobierno no cerrase completamente las puertas a ese tipo de inversiones. Greenpeace se mostró «muy decepcionada al ver que el Gobierno se niega a tomarse en serio la crisis climática».

Japón es el segundo país que más invierte en centrales de carbón, solo detrás de China. Además, los tres “megabancos” del país –Mizuho; Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG); y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)– están entre los principales financiadores privados de esta energía.

En julio, el Gobierno también prometió estudiar medidas concretas para reducir de aquí a 2030 su dependencia energética del carbón, que ahora asegura cerca de un tercio de su producción de electricidad. Medios de comunicación señalaron que pretende cerrar 100 de las 114 centrales del país construidas antes de mediados de los años 1990, cifra que el Ejecutivo no ha confirmado.