La indefensión de las víctimas de las recientes masacres en Colombia, que han dejado al menos 40 muertos en ocho masacres en las últimas dos semanas, entre ellos varios menores, alerta sobre el creciente poder de los grupos criminales y la incapacidad del Gobierno para proteger a la población en las zonas más apartadas dominadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Ejecutivo y analistas apuntan a que fueron cometidas por ban- das de narcotraficantes para sembrar el terror en zonas alejadas como Nariño, Cauca, Antioquía o Arauca, en las que tienen su negocio criminal.

El Gobierno de Iván Duque insistió en que las masacres evidencian que el «primer problema» son las economías ilícitas.

La última de estas masacres, en la que murieron tres hombres jóvenes, ocurrió el martes en una carretera de Ábrego, en el convulso Catatumbo.

Civiles armados mataron ayer al líder social Edis Manuel Caré Pérez, que había sido amenazado de muerte en su casa, en una zona rural de Riosucio (Chocó).