La pandemia del covid-19 lo ha alterado todo, también la Diada que se celebrará este viernes en Catalunya. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la jornada no tendrá la concurrencia de las ediciones pasadas, en las que el independentismo exhibió gran musculatura con marchas que congregaron a miles de personas en las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas. Las acciones se limitarán a pequeñas concentraciones en las cuales la Assemblea Nacional Catalana (ANC), apoyada por Òmnium Cultural y la Assemblea de Municipis per la Independència, quiere señalar los «espacios representativos del poder que aspiramos a reemplazar para ejercerlo en beneficio de la ciudadanía», afirma Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC.

En total, la entidad prevé rodear 107 instituciones del Estado que hay repartidas en 82 municipios, para lo que ya se han inscrito las 48.000 personas necesarias. Entre los organismos destacan la Agencia Tributaria española, las delegaciones de Hacienda, el Servicio Público de Empleo, las principales estaciones de Renfe, el Instituto de Seguridad Social y la oficina de Extranjería, así como los edificios que albergan las audiencias provinciales.

De igual manera, habrá una concentración ante la sede de la Universitat de Barcelona para, según Paluzie, «denunciar el perjuicio que supone para el desarrollo de las universidades y la investigación la dependencia hacia la legislación estatal». Al margen de este cambio de formato, las entidades aprovecharán la cita para exigir nuevamente al soberanismo una estrategia conjunta en vista a culminar el proceso de autodeterminación. Si en la anterior Diada ya formularon esta demanda, este año insistirán en que la dinámica parlamentaria y la gestión de la crisis provocada por el coronavirus no puede ser impedimento para articular una acción coordinada para avanzar hacia la ruptura con el Estado. «La independencia es necesaria y urgente y hay un pueblo que no se resigna», remarca Adrià Alsina, coordinador de los actos de la ANC.

Retomando la iniciativa

Como era de esperar, la Diada ha quedado empañada por los efectos de la pandemia, cuyo impacto ha dejado a los partidos sin margen de maniobra para mantener el conflicto en la agenda política. Más allá de la polémica en torno al rey emérito, que llevó Catalunya a ser la única autonomía en celebrar un pleno para reafirmar su rechazo a la monarquía, la sensación de parálisis se ha apoderado de la vida pública.

Incluso la Mesa de diálogo, que ERC arrancó a Pedro Sánchez, apenas ha tenido recorrido. Hasta el momento solo ha habido un par de encuentros y, viendo las posiciones de partida y las actuaciones de la Fiscalía respecto a los líderes del procés encarcelados, no parece que haya condiciones para tratar la amnistía ni la autodeterminación, las dos demandas que el independentismo reclama para desencallar el conflicto.

Conscientes de este estancamiento, la ANC y Òmnium esperan que la Diada reactive la movilización y devuelva la autoestima a las bases soberanistas. «Después de meses gestionando el luto que representó la sentencia del procés, apelamos de nuevo al consenso para hacer frente a la represión y avanzar unidos hacia la autodeterminación», subraya Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium. Una opinión compartida por Elisenda Paluzie, para quien «la solución pasa por superar el tacticismo de los partidos y la acción errática de la Generalitat», a quien la representante de la ANC acusa de actuar «sin cohesión, unidad ni determinación».

Entre diálogo y confrontación

Para las entidades, la jornada del viernes tiene que servir para recordar que la independencia es la herramienta necesaria para abordar los retos sociales y económicos derivadas de la crisis y, a la vez, permitir que los diferentes actores aparquen sus discrepancias. Un objetivo que, hoy por hoy, se augura complicado a tenor de las controversias que mantienen JxCat, ERC y la CUP.

Si en su momento hubo diferencias en cuanto al papel del independentismo en el Congreso de los Diputados de Madrid, el inicio de curso político ha evidenciado la apuesta de cada partido por estrategias aparentemente incompatibles.

Mientras que ERC ha optado por reivindicarse como el «independentismo pragmático», mediante el cual aspira a articular un hipotético Gobierno progresista en la Generalitat, JxCat habla de recuperar el espíritu del 1 de octubre y plantear una «confrontación inteligente» con el Estado.

Estas diferencias no han hecho sino enturbiar el ambiente durante el verano. No solamente en las redes sociales, muy dadas a exacerbar los debates. También Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han polarizado sus posturas a medida que han reaparecido para hablar sobre lo ocurrido el 1 de octubre y el camino que, según ellos, hay que emprender los próximos meses.

En esa línea, Junqueras abandera el concepto «sit and talk» (sentarse y hablar), con el cual se dio a conocer la plataforma Tsunami Democràtic y que los republicanos exprimen hoy para defender la importancia de la Mesa de diálogo con el Ejecutivo español, al tiempo que Puigdemont se postula para atraer a todo el espectro social que ve en su figura y en la de los presos provenientes del PDeCAT los garantes del «no surrender» (sin rendición). Una actitud que Junqueras ya ha calificado de «ambigua» y «contraproducente», advirtiendo al president en el exilio de que «si iniciamos una confrontación con el Estado en las condiciones actuales, vamos a perder, y nosotros lo que queremos es ganar».

Aunque no ha falta la cordura y al respeto entre ambos líderes, el hecho es que la batalla entre RC y JxCAT –con la CUP a la expectativa– está más servida que nunca. Sobre todo si el próximo día 17 el Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de un año y medio que el TSJC impuso al president, Quim Torra, por desobediencia. En caso de hacerlo, precipitaría las elecciones catalanas a febrero o marzo del año que viene.

Pase a este panorama, tanto la ANC como Òmnium trabajan con la perspectiva de que la Diada ayude a recuperar el empuje que ha permitido al independentismo ser hegemónico en Catalunya durante la última década.

De vuelta con la represión: otro escollo en el camino

Si la actividad política apenas está dando tregua, tampoco lo hace la represión. Dentro de la causa general contra el independentismo, el pasado jueves empezaron a comparecer ante el Juzgado número 4 de Figueres los 197 acusados de los desórdenes públicos que ocurrieron durante el corte de la AP-7 que Tsunami Democràtic convocó en noviembre de 2019, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Además de Figueres, estos hechos también se investigan en el Juzgado de Girona –donde hay encausadas cuarenta personas– y el de Perpinyà (Catalunya Nord), en el cual han declarado once más.

La causa coincide con otras que irán resolviéndose las próximas semanas, entre ellas las que afectan al president Quim Torra por colgar una pancarta exigiendo la libertad de los presos y a la Mesa del Parlament, acusada de tramitar las leyes de referéndum y desconexión en setiembre de 2017, y las relativas al jefe de los Mossos de Esquadra en esa etapa, Josep Lluís Trapero, y a los miembros de la Sindicatura encargada de velar por el buen desarrollo del 1-0.

Completa el calendario el juicio oral contra los alcaldes que acogieron las votaciones, así como el que implica a los arrestados durante los disturbios que se sucedieron en el centro de Barcelona a raíz de la sentencia del Supremo, la conocida como «Batalla de Urquinaona».

En total, y según un recuento de Òmnium Cultural, desde el 1 de octubre de 2017 unas 2.500 personas han sido encausadas en Catalunya por acciones relacionadas con el procés. Un nivel de represión que entorpece cualquier clima de diálogo.À. ROMAGUERA