La dirección de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF, cuya sede principal está radicada en Beasain) ha optado por recurrir nuevamente la sentencia del Juzgado número 2 de Donostia que la condenó a indemnizar con 133.665,9 euros a la familia de Celestino Tolosa en concepto de daños, «tras incumplir durante décadas las necesarias medidas preventivas con el amianto y causar la muerte del trabajador por asbestosis, después de un trasplante bipulmonar. Y los pulmones congelados en el Hospital de Valdecilla (Santander) lo prueban».

De forma tan contundente se expresó ayer la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie), que considera «inadmisible» la posición «arrogante» de los responsables de esta empresa. «Ha llegado la hora de exigir un pronunciamiento social rechazando la actitud de la empresa, empezando por accionistas e instituciones, dado que sus recursos judiciales buscan la absoluta impunidad de sus infracciones preventivas y burlarse una vez más de las víctimas».

Recordó que, en 2019, la dirección de CAF llegó a recurrir al Tribunal Supremo tratando de cuestionar el origen profesional de la enfermedad del citado trabajador, negando los informes médicos que apuntaban en ese sentido, señalando al «intenso hábito tabáquico del fallecido» y rechazando que fuera «consecuencia de inhalar fibras de amianto en su trabajo».

Asviamie incidió en que la dirección ha perdido otra oportunidad para «pedir perdón por las muertes de 55 trabajadores en las plantas de CAF Gipuzkoa (52 en Beasain y 3 en Irún según el comité de empresa) a causa del amianto, cuyo riesgo ocultaron e ignoraron durante décadas, incumpliendo la normativa vigente de seguridad e higiene».

Un caso tras otro en tribunales

Este no fue el único caso judicial que ayer relacionó, con tintes trágicos, a CAF y las víctimas del amianto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratificó la condena tanto a esta empresa como a la subcontrata José Manuel Armesto Valcarce al pago solidario de una indemnización de 279.937 euros a la familia de Francisco Javier Pérez Hernández.

Como recordó CCOO, este trabajador falleció en noviembre de 2018 a causa de un mesotelioma pleural maligno, «enfermedad que se derivó de la exposición profesional al amianto en las instalaciones de CAF», donde trabajó apenas seis meses entre los años 1971 y 1972 en operaciones de montaje de trenes.

El sindicato explicó que durante este proceso la dirección de CAF ha intentado demostrar que no incumplió la normativa vigente al afirmar que se realizaban mediciones de partículas, «pero el TSJPV ha derribado ese argumento puesto que se ha presentado una medición de partículas en el ambiente de trabajo del año 1971, pero que no especifica de qué especie son esas partículas».

También resaltó que la defensa de CAF «ha esgrimido un argumento tan débil para eludir su responsabilidad como que, cuando menos, hasta 1973 no se supo en la comunidad mundial los nocivos efectos que la exposición al amianto podía generar». CCOO indicó que en la época en la que Pérez Hernández estuvo en contacto con el amianto «existía ya regulación legal en relación a las medidas de protección específicas ante exposiciones laborales al amianto».

Y, según informó Asviamie, el próximo día 26 se juzgará una nueva demanda contra CAF; en este caso por la muerte de Acacio SH, que al igual que Celestino Tolosa, falleció con diagnóstico de EPOC tras toda una vida laboral en la empresa ferroviaria. La autopsia que se llevó a cabo en el Hospital Donostia a petición familiar «demostró que la enfermedad fundamental era un mesotelioma pleural de tipo sarcomatoide y la presencia de fibras de amianto en sus pulmones», señaló la asociación.