«Estamos ante la oportunidad más importantes de los últimos 30 años para tirar a la basura la Constitución de Pinochet y avanzar hacia la construcción de un país como el que la mayoría de este país sueña», afirmaba el alcalde del barrio de Recoleta, el comunista Daniel Jadue, en la manifestación del pasado fin de semana en Santiago, en el aniversario del estallido social contra las desigualdades en Chile.

La oposición de izquierdas es partidaria en bloque del cambio constitucional mientras que los cuatro partidos de derechas que integran la coalición gubernamental están divididos, siendo la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) la que lidera el «Rechazo».

El plebiscito, que iba a celebrarse el 26 de abril pero fue aplazado por el coronavirus, planteará además otra pregunta: si el órgano encargado de redactar el nuevo texto debe ser una asamblea formada solo por ciudadanos electos o integrada también por diputados.

De salir la opción del «Apruebo», la elección de los constituyentes se realizará en abril y la nueva Constitución –que debe redactarse en un máximo de un año– se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

La mayoría de las encuestas dan por ganadora la opción del «Apruebo» y vaticinan, además, una alta participación, pese a la pandemia y a la alta abstención instalada en Chile desde hace décadas. El referéndum se celebra en una sociedad muy polarizada y con grandes desigualdades sociales, apenas una semana después del primer aniversario de las protestas en las que una fuerza policial también heredada de la dictadura dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

La cuestionada consulta sobre la actual Constitución en 1988 también fue precedida de protestas que reclamaban democracia, y puso fecha de caducidad a un régimen militar que se perpetuó durante 17 años.

Pero dejó como pesada herencia una constitución diseñada en la dictadura bajo la influencia de un grupo de economistas neoliberales y fuente de las desigualdades del país, que deja un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos. Su derogación fue una de las proclamas en las marchas del año pasado. Así, el plebiscito del próximo 25 de octubre se plantea como la vía política para amainar la actual crisis social. Si para el Gobierno supone un intento de aplacar la movilización social, la izquierda ha depositado más esperanzas en el referéndum.

«Esta votación es un camino intermedio entre el quiebre revolucionario y la continuidad política», opina Claudia Heiss, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. «Este proceso puede abrir paso a una democracia ciudadana que nos garantice a todos el acceso a los derechos fundamentales», opina Francisco Estévez, director del Museo de Memoria Histórica de Chile, donde se guardan archivos sobre la dictadura. «Vengo a celebrar algo que nunca imaginé que iba a pasar en Chile después que recuperamos la democracia», señalaba Olga Neira, médica de 68 años que asistió con su hija a la manifestación en la que miles de personas se reunieron el domingo en la Plaza Italia de Santiago. Se desarrolló en un clima mayoritariamente festivo pero que terminó con el incendio de dos iglesias, saqueos, y otros incidentes violentos que dejaron un muerto y 580 detenidos. «Somos un país con condiciones para tener pensiones dignas para los adultos mayores, sueldos más dignos y dejar un mejor país a mi nieto. Esto de hoy es hermoso y el domingo que viene, ¡mejor todavía!», añadía segura de que ganará el «Apruebo» en el referéndum.