El fiscal Jerôme Bourrier emitió un comunicado a media tarde de ayer en el que se daba a conocer el levantamiento de la situación de detención al policía arrestado tras usar su arma causando la muerte a una conductora, el lunes, en Baiona. Ese trámite era el paso previo a la salida «libre y sin cargos» del policía, por emplear la expresión del abogado que ejerce su defensa, Pascal Rouiller.

Tras las declaraciones del letrado llegaba el comunicado del fiscal de Baiona, que matizaba, en parte, la cuestión, ya que ponía sobre el tapete algunas conclusiones preliminares, en la línea de exculpar al agente, pero dando cuenta de su carácter provisional, al tiempo que anunciaba su intención de trasladar el caso al juez instructor.

Jerôme Bourrier confirmaba, efectivamente, en su comunicado, que se había levantado la situación de detención al policía. En la nota remarcaba que, en este estadio de la investigación, no hay datos que indiquen que «el agente actuara con desproporción ni de que hiciera un uso indebido de su arma».

Por tanto no se presentan, de momento cargos, aunque el fiscal estima que es demasiado pronto para cerrar la investigación por homicidio voluntario, y anuncia que pondrá el caso en manos de un juez de instrucción, al que corresponderá determinar si abre causa judicial.

De manera más exhaustiva, el fiscal daba cuenta en esa nota de la situación de las dos investigaciones abiertas tras producirse la muerte violenta de Nathalie Flores, tras saltarse un control policial, en la avenida Mariscal Soult de Baiona. El fiscal se refería en su nota, en primer lugar a la investigación por «intento de homicidio contra agente depositario de autoridad», dirigida contra Flores para concluir que la fallecida intentó sustraerse al control policial para lo que no dudó en «embestir deliberadamente con su coche al vehículo policial cruzado en la carretera», en palabras de Bourrier.

Según la nota, la mujer «dirigió su vehículo en dirección del funcionario de policía que se encontraba en un terraplén con hierba cercano, y que resultó herido leve en una rodilla «al tratar de evitar el atropello».

Acto deliberado de la fallecida

Jerôme Bourrier retiene por tanto las acusaciones hechas por los policías con respecto a la fallecida, con cuya familia mantuvo un encuentro, en el que también participó una persona en representación de la Asociación de Apoyo a las Víctimas, según detalló el fiscal en su nota. La reunión habría servido para trasladar a la familia los resultados preliminares de la investigación sobre lo ocurrido.

El policía defendió a un colega

Con respecto a la segunda investigación lanzada a raíz del fallecimiento de la mujer de 37 años, el fiscal afirma que, según se deduce de los elementos recogidos hasta la fecha por la Inspección General de la Policia Nacional (IGPN) y el servicio de Policía Judicial de Baiona, a partir de «todos los testimonios recabados» así como de los primeros análisis de la Policía técnica y científica, «el policía que hirió mortalmente a Nathalie Flores hizo uso de su arma en condiciones de absoluta necesidad y proporcionalidad» a la vista del artículo L435-1 del Código de Seguridad Interior. El fiscal prosigue su relato asegurando que el agente actuó con el objetivo de «inmovilizar un vehículo susceptible de atentar, en su huida, contra la vida y la integridad física de uno de sus colegas».

Pese a la claridad con que se expresa en su comunicado, Bourrier considera que «esos primeros elementos parciales deben ser considerados con prudencia, ya que no permiten establecer conclusiones definitivas».

Esa es la afirmación en la que el fiscal difiere de la lectura hecha por la defensa del agente, que prácticamente daba por cerrado el caso, lo que no es descartable a la vista de la posición del Ministerio Público, aunque no se daría ahora mismo, ya que el fiscal daba a conocer su intención de poner el caso en manos de un juez instructor, al que corresponderá determinar si prospera la causa judicial.

Protestas en Baiona

La muerte de Nathalie Flores se produce en un contexto de fuerte debate en el Estado francés en relación a las leyes relativas a la seguridad interior impulsadas por Emmanuel Macron.

Desde la revuelta de los Chalecos Amarillos, que se saldó con 860 manifestantes heridos, según los casos verificados por el periodista David Dufresne, el debate sobre las violencias policiales sigue muy presente.

Otro tanto ocurre con el esquema de orden público y, en particular, con el uso de las armas a cargo de los policías.

La Ley de Seguridad Global, aprobada a finales de año, llevará, de hecho, a reforzar las competencias policiales. Entre otras medidas contempla que también los agentes de Policía Municipal lleven armas de fuego, y extiende igualmente las competencias de la seguridad privada.