A pesar de que la incineradora de Zubieta estaba inicialmente concebida para quemar los denominados residuos municipales (aquellos generados principalmente en las viviendas y que se recogen en los contenedores habituales), una resolución de la Viceconsejería del Gobierno de Lakua a la que ha tenido acceso GARA permite extender este uso a residuos industriales y potencialmente peligrosos.

En el conjunto de la CAV, tras lo sucedido en el vertedero de Zaldibar, existe un déficit de instalaciones para proceder a tratar residuos industriales.

En febrero de 2020, en una reunión con las mancomunidades de residuos de Gipuzkoa la Diputación anunció que asumiría la gestión de los residuos industriales tras el colapso de Zaldibar y el cierre del vertedero de Mutiloa.

La resolución de Lakua considera «modificación no sustancial» tres comunicaciones realizadas por GHK (Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa) de octubre y noviembre de 2020 y enero de 2021 en las que daba cuenta de «su voluntad de realizar sendas modificaciones en la instalación autorizada». Junto a ello, se señala que GHK «adjuntó al efecto la documentación justificativa de tal modificación como no sustancial». Por tanto, procede a modificar a Autorización Ambiental Integrada (AAI).

El real decreto que aprueba el reglamento de emisiones industriales establece que «una modificación sustancial» es aquella que «representa una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente», algo que Lakua no ve en la quema de residuos industriales.

Criterio más rígido en 2014

Curiosamente, en 2014, cuando EH Bildu gestionaba GHK de la mano de Ainhoa Intxaurrandieta, se presentó una solicitud para pasar de la incineración a otro sistema menos contaminante, pero no recibió el visto bueno de Lakua al considerar que se trataba de «una modificación sustancial». En 2021, en cambio, no ha habido tantas trabas pese a que el tratamiento de estos nuevos residuos puede provocar un aumento de los vertidos al aire de sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud.

Asimismo, llama la atención que la normativa exige que para una modificación sustancial se promueva la participación real y efectiva de las personas interesadas, algo que, una vez más, ha brillado por su ausencia en el tema de la incineradora.

En la resolución de Lakua se citan los nuevos residuos que se incinerarán en Zubieta, entre los que se encuentran «rechazos de plantas de recuperación de envases, de tratamiento de orgánico, del reciclado de papel y cartón y voluminosos», junto a «plásticos no valorizables materialmente generados en la recogida de plástico mezcla de los polígonos».

Además de «residuos voluminosos no reciclables» en la resolución se incluyen «rechazos de la planta de reciclaje de escorias, residuos insuficientemente combustionados, inquemados que deben completar su proceso de valorización energética».

Solo residuos municipales

A diferencia de la incineradora de Zabalgarbi, la de Zubieta es de titularidad pública local, por lo que solo puede tratar residuos sólidos municipales. Según la directiva europea 2018/851, los residuos municipales no comprenden los procedentes de la producción, la agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los residuos de construcción y demolición. El carácter privado de Zabalgarbi, en cambio, le permite incinerar todo aquello que así está establecido en la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Esta directiva europea es de aplicación directa desde el pasado 5 de julio de 2020, cuando transcurrió el periodo de transposición.

La incineradora de Zubieta se presentó como una solución para la gestión de los residuos municipales que no pudieran ser reciclados, pero ahora parece que se va a ampliar su uso a residuos industriales, que necesitan un tratamiento específico y que pueden contener materiales peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

En este sentido, parece que la extensión de la incineración busca conseguir que la planta de incineración obtenga una rentabilidad económica que está puesta en cuestión con la exclusividad de los residuos municipales. Pero esta supuesta rentabilidad económica se realiza en perjuicio de cuestiones medioambientales y sin tener en cuenta que su tratamiento correspondería a los generadores de estos residuos y no a una institución pública.

En cualquier caso, la nueva tipología de residuos introducidos no están contemplados en los descritos en el objeto del contrato, por lo que supone una modificación del mismo.

La incineradora está concebida para los residuos municipales de Gipuzkoa, pero no está claro si el transporte de residuos industriales se limitará a este herrialde. Existe el temor de que residuos industriales no solo de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, sino también de fuera de la CAV acaben siendo incinerados en Zubieta.

Lakua deja en manos del operador de la planta «una caracterización inicial» de los residuos que se prevean tratar «a fin de certificar la posibilidad de su tratamiento en la planta de incineración». Es decir, será el gestor de la propia incineradora el que decida qué residuos industriales se pueden quemar, aunque posteriormente Lakua lo debe aprobar expresamente. Todo ello, en un contexto en el que Urbaser, la empresa encargada de esta gestión, está en el punto de mira para ser adquirida por un fondo buitre chino.

Asimismo, llama la atención que en el listado de residuos que pueden ser incinerados, recogidos con los llamados «códigos LER» en la resolución de Lakua, pueden incluirse algunos considerados peligrosos.

Entre las nuevas tipologías autorizadas se encuentran dos que tiene el código LER 19 12 12 y 19 02 12, que son residuos que incluyen «sustancias peligrosas». La aceptación o no de estos residuos quedaría en manos del gestor de la instalación de la incineradora.

EH Bildu pide a Asensio la documentación por escrito

EH Bildu pedirá al diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, que la documentación sobre la incineradora esté disponible por escrito. Esta demanda se realizará mañana en el marco de la comparecencia en Juntas Generales solicitada por EH Bildu y Elkarrekin Gipuzkoa.

El grupo soberanista considera que «no es de recibo» la gestión de la información sobre la incineradora que ha llevado a cabo la Diputación de Gipuzkoa y recuerda que el ente foral recurrió al Tribunal Constitucional español para impedir el acceso a la documentación –lo que ha supuesto un ataque al autogobierno– y que ha solicitado el embargo de las cuentas de GuraSOS para limitar el acceso a la información.

Junto a ello, EH Bildu subraya que la escasa información a la que se ha tenido acceso revela «datos contradictorios» y pone como ejemplo que Arantxa Tapia «desmintió las palabras de Asensio al afirmar que la incineradora inaugurada en diciembre obtuvo el permiso de actividad en febrero».

El propio Asensio se negó en diciembre a facilitar documentación sobre la homologación de los hornos de la incineradora de Zubieta en otra comparecencia en diciembre.GARA