El logo de Osakidetza aparece resaltado en casi todas las ambulancias que cubren el transporte sanitario en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. También suele estar bien visible el membrete “Gobierno Vasco-Departamento de Salud”. Pero la mayoría de estos vehículos no pertenece a Osakidetza ni a ningún otro departamento del Ejecutivo autonómico, ni tampoco el personal que trabaja en ellas y que atiende a las personas usuarias del sistema de salud público.

La plantilla que cubre el transporte sanitario que presta Osakidetza forma parte de compañías con larga trayectoria a sus espaldas en nuestro país –como Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. o las que también fueron cooperativas Larrialdiak Anbulantziak SL y Maiz– o con otras recién llegadas que tienen un mayor tamaño –como Ambuibérica SL–.

Para completar el plantel de trabajadoras y trabajadores del sector hay que sumar al personal, laboral y voluntario, que integra las dotaciones de la Cruz Roja y la DYA, dos organizaciones sin ánimo de lucro.

La vacuna, tras la cita con la huelga

En el contexto actual, marcado por la pandemia del coronavirus, el personal de las ambulancias subcontratadas de la CAV se siente «abandonado y relegado en la Sanidad Vasca». «No es la primera vez», afirman sus representantes sindicales, quienes explicaban el pasado martes que mientras el personal propio de Osakidetza, incluido el de sus ambulancias, «tiene ya la vacuna puesta», el personal de las empresas privadas continuaba «a la espera y sin noticias».

Las cifras reflejan mejor que las palabras esa situación que juzgan discriminatoria: el personal propio de Osakidetza representa solo el 1%; es decir, el 99% de las plazas del sistema de transporte sanitario está ocupado por personal subcontratado. Son cerca de 1.500 profesionales sanitarios, a quienes la dirección de Osakidetza trata como «personal de segunda o tercera categoría».

Estas reflexiones son las que llevaron a ELA, LAB, CCOO, ESK, UGT, USO y CNT a convocar huelga para el 5 de marzo con el fin de denunciar que todavía no habían sido vacunados pese a realizar una actividad de riesgo sanitario. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, afirmaba el 19 de febrero que esta semana se iba a comenzar a vacunar a los trabajadores de las empresas subcontratadas con dosis de Pfizer o Moderna, asumiendo que el protocolo les contempla como trabajadores del sector de la salud al estar «en primera fila afrontando la pandemia».

Pero en el informe sobre la marcha del plan de vacunación contra el covid-19 difundido el miércoles, el Departamento de Salud señalaba que el 71% de los «profesionales de Osakidetza» –que en total son unas 27.000 personas– ya había recibido la primera dosis, mientras que en la sanidad privada era un 16,5% y en la Ertzaintza era el 38,5%.

Los de las ambulancias concertadas tuvieron que esperar al jueves por la tarde para que comenzaran a inmunizar a su primeros trabajadores (de Ambuibérica y Grup La Pau) en Bizkaia. En Gipuzkoa dieron citas para el viernes y en Araba, para mañana. No obstante, los sindicatos iban a comprobar si se incluía a todo el personal en estas tandas antes de desconvocar la huelga.

Transferencia sin cambio de modelo

La gestión público-privada de los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias, en los que se incluye el transporte sanitario por carretera, viene de lejos en Hego Euskal Herria. Este funcionamiento fue heredado del franquismo y afecta al sistema en su conjunto: las ambulancias de soporte vital avanzado (SAV), las de soporte vital básico (SAB) y las de transporte programado. La mayoría del personal tiene la calificación de «técnicos de emergencias sanitarias», aunque lógicamente también hay médicas-médicos y enfermeras-enfermeros en los vehículos preparados para atender emergencias.

En el Estado español, durante la dictadura, la concertación de las empresas privadas de ambulancias se hacía a través del Instituto Nacional de Previsión, que había sido fundado en 1908 y existió hasta 1978. Con la denominada Transición, las prestaciones médicas pasaron a ser administradas por el Insalud. Osakidetza, que nace en 1984, recibe la transferencia total de competencias en 1988 y a partir de esa fecha es la encargada de las adjudicaciones.

Desde entonces, las concesiones del transporte sanitario se van licitando periódicamente siguiendo una distribución territorial. Como ejemplo, con fecha de 21 de enero de 2012 se publica el anuncio de adjudicación del servicio de «ambulancias no asistenciales, convencionales y de transporte colectivo para pacientes» en el Área de Salud de Araba (excepto Aiaraldea) junto a Otxandio y Ubide (municipios del Área de Bizkaia). El contrato es para 3 años y el presupuesto establecido es de 9.266.251 euros.

En Nafarroa, ¿hacia la publificación?

Nafarroa asumió las competencias de Salud en 1991 y también reparte el transporte sanitario urgente entre las ambulancias de rescate propias de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) y las concertadas (tanto SVA como SVB). La ANE –creada en 2006 como organismo autónomo dependiente del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior– está encargada de la respuesta integral a la emergencia, que engloba al Consorcio de Bomberos y Protección Civil, para dar una respuesta integral, coordinando servicios sanitarios, policiales, voluntariado... No obstante, los recursos de urgencias sanitarias dependen del Departamento de Salud.

Dos de las compañías con mayor presencia en estos momentos son Ambulancias Baztan Bidasoa –que también opera en Iruñerria– y SGG, que tiene la concesión para las zonas de Tutera y Zangoza.

El pasado mes de enero, el Gobierno de María Chivite señaló a los delegados sindicales en SGG que espera licitar el servicio en esas dos zonas en junio de este mismo año. Desde CCOO recordaron que ya en 2017 la mesa de transporte sanitario planteaba la conversión en servicio público y que, en noviembre pasado, la consejera Santos Induráin les aseguró que se iba a estudiar la viabilidad de constituir una empresa pública para cuando finalice la nueva adjudicación, dentro de 4 o 6 años.

En cuanto a la campaña de vacunación contra el covid, el toque de atención al Ejecutivo llegó desde los servicios de Protección Civil y Bomberos, cuya comisión de personal (LAB, CCOO, ELA y UGT) señalaba el 30 de enero que los bomberos eran los únicos que quedaban por recibir la primera dosis entre el personal considerado esencial. La comisión, que confiaba en que se tratase de «un despiste», subrayó que «el de bomberos es el único personal en Navarra que realiza labores de transporte sanitario urgente (SVB y SVA) al que no se le han aplicado los protocolos de vacunación».

El interés del mercado, que no siempre es el interés general

Cuando una empresa, sea una cooperativa de conductores o una sociedad anónima, presenta una oferta de licitación para adjudicarse un servicio lógicamente espera obtener un beneficio. Pero el interés por sacar partido de un servicio público, como es el caso del transporte sanitario, puede llegar a ser excesivo si no se antepone el interés general de la ciudadanía.

En Hego Euskal Herria, en los últimos años están apareciendo en las licitaciones nuevas compañías, de reciente creación o que están extendiendo su radio de actuación. Esto ha ocurrido con Ambuibérica (HTGroup tras su fusión con Emeru) y SGG.

La primera, con sede en Valladolid, se presenta como el mayor operador en el transporte sanitario del Estado español y el segundo de Europa, con 7.500 empleados.

A través de los concursos de licitación, en 2013 se hizo con los servicios que durante décadas realizaron la Cruz Roja y la DYA en Bizkaia; entonces tuvieron que subrogar al personal contratado por estas organizaciones.

En 2018 hizo lo propio con la concesión que Ambulancias Bizkaia llevaba gestionando dos décadas, a la que dejaba fuera del mercado, con cientos de trabajadores y más de un centenar de vehículos.

También fue llamativa la “espantá” del Grupo GSS en Araba, que dejó el servicio en plena Nochevieja de 2020 tras meses de conflicto tanto con su plantilla como con la dirección de Osakidetza. Lakua tuvo que echar mano de forma urgente de otras compañías, entre ellas La Pau, que se hizo luego con la concesión.T.F.