GARA
MONTREAL

El Tribunal Superior de Quebec valida la Ley de Autodeterminación y la «regla del 50% + 1 voto»

La Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Quebec ratifica la Ley de Autodeterminación del año 2000, que estipula que «el pueblo québécois tiene el derecho inalienable de elegir libremente» y defiende el 50% +1 como mayoría en un referéndum de independencia.

La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal de Quebec, al rechazar los recursos interpuestos por sectores apoyados por Ottawa, ha avalado la Ley de Autodeterminación de ese territorio, que proclama el derecho inalienable el pueblo québécois de «elegir libremente el régimen político y el estatus jurídico de Quebec» y defendía la regla del 50% +1 voto de cara a un futuro referéndum sobre la independencia. y fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2000.

La Ley sobre el ejercicio de derechos fundamentales y de las prerrogativas del pueblo québécois y del Estado de Quebec fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2000. Eran tiempos del gobierno del Parti Québécois de Lucien Brouchard, años de revancha, réplicas políticas y reverses judiciales que siguieron al referéndum sobre la soberanía de Quebec de 1995, que tan atentamente siguieron los independentistas de todo el mundo.

Cabe recordar aquí los resultados de aquel referéndum histórico. Los independentistas perdieron por un pequeñísimo margen: un 50,58% de noes contra un 49,42% de síes. Y con una asombrosa participación del 93'5%, que se escribe fácil.

Ley de Claridad y mayoría

Ante aquel resultado tan ajustado, el gobierno federal de Canadá tomo la iniciativa de legislar para encuadrar la proclamación de independencia de una provincia ante la eventualidad de una victoria corta en un referéndum. Todas esas iniciativas se hicieron ley federal en otoño del 2000, conocida –y estudiada– globalmente como la «Ley de Claridad». Dicha ley dictaba que el gobierno federal tiene el derecho de asegurar la claridad de la pregunta en un referéndum sobre la soberanía, a decidir si una pregunta es o no es clara. Y no solo eso, tiene además el derecho de definir el significado de la expresión «una mayoría clara», de dejar sin reglas el proceso de cuantificar y validar el resultado.

Resumiendo mucho, La Ley de Claridad estipulaba que el gobierno federal no tiene que negociar la independencia de una provincia excepto cuando en un referéndum haya una mayoría clara que la pida. En otras palabras, que la famosa Ley de Claridad no aclara, no dice qué constituye, qué es una «mayoría clara», al negarse a cuantificarla.

Ninguna infracción

En diciembre de 2000, Montreal respondió a Ottawa. La Asamblea Nacional Quebec reaccionó ante el gobierno federal reafirmando la existencia legal de Quebec y su derecho a la autodeterminación. Además, y muy significativamente, en la ley se proclamaba la regla del 50% + 1 voto para dilucidar el resultado de un referéndum. También se reivindicaban la integridad territorial de Quebec y se reconocía los derechos de la minoría de habla inglesa y de los aborígenes de su territorio.

Keith Henderson, líder del extinto Parti Egalité (Equallity Party), que hizo la función de una marioneta con hilos manejados desde Ottawa, fue el encargado de dirigir una batalla jurídica que se ha alargado dos décadas. Luchó contra el derecho a decretar la secesión unilateral, que quería negar a toda costa a Quebec.

Hace ocho años, el fiscal general de Canadá, siguiendo órdenes del gobierno del conservador Stephen Harper, se sumó también a esta cruzada judicial.

En su veredicto, el juez Robert Mainville precisa que artículos recurridos respetan la Constitución. En la sentencia, otro juez, el juez Claude Dallaire, escribe que «en sustancia y en esencia en esta ley no hay nada retorcido, oculto o ilegal, no se ha cometido ninguna infracción a la Constitución, por tanto, ninguna intervención del Tribunal Superior de Quebec es requerida».

Victoria que salva los muebles

La noticia fue saludada por los líderes de los partidos y movimientos independentistas. El del Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, criticó y calificó de desolador tener que ver como «una regla como el 50% +1 necesita una ley específica y dos decisiones judiciales para ser reconocida», algo que «no debería ser así en una democracia normal». No obstante, St-Pierre Plamondon declaró que «el día que decidamos ser soberanos, podremos apoyarnos en este fundamento jurídico».

Maxime Laporte, defensor de la causa de Quebec y abogado en el proceso en representación de la Société Saint Jean-Baptiste, señaló que la sentencia «sin duda, permite cierto suspiro de alivio, pero, para mí, este suspiro es sobre todo de exasperación. Porque es no es normal para un pueblo tener que luchar y debatir constantemente, aunque solo sea por defender su derecho a existir».

Laporte dejó una reflexión y un augurio. Tras recordar que en la historia de su país raras han sido la victorias, reconoció: «Hoy hemos ganado, nuestros derechos inalienables y fundamentos democráticos, nuestro estatus jurídico han sido salvaguardados por el Tribunal Superior, en todo su alcance».

Luego se preguntó en voz alta: «¿Es una victoria? En el fondo, más bien, hemos salvado los muebles», dando a entender que el caso llegará al Tribunal Supremo de Canadá, que no es el final de la batalla jurídica, ni el fin de esta historia.