El futuro del empleo en las plantas de ITP centra la preocupación de la representación social de los trabajadores después de que haya pasado a ser propiedad del fondo estadounidense Bain Capital. Un día después de que se anunciara el acuerdo por el que Rolls Royce vende la compañía por cerca de 1.700 millones, el comité de la planta de Zamudio informó sobre la incertidumbre existente tras el cambio de propietario.

Expresó que su preocupación se centra en la actualidad en el empleo, en la garantía de que se mantendrá. Informó, así, que ha solicitado una reunión con los responsables actuales de ITP Aero para aclarar dudas y conocer detalles de la operación.

En el empleo y en las condiciones de trabajo de la plantilla se centran también las demandas que ELA traslada a Bain Capital. «Se pasa de una multinacional industrial británica, Rolls Royce, a un fondo inversión americano, que será la auténtica dominante de ITP Aero», constató antes de señalar que se trata de «una operación societaria de grandes dimensiones», en la que propietario saliente «aprovechó la crisis del covid para destruir más de 200 puestos de trabajo en Hego Euskal Herria, y conseguir más beneficios en esta compraventa».

Exigió al fondo estadounidense el mantenimiento de las condiciones de trabajo de las plantillas y de todos los puestos de trabajo en ITP-Aero, incluyendo la readmisión de los trabajadores despedidos en PCB y cuyo ERE fue declarado nulo por los tribunales.

Denunció que, desde el inicio de la pandemia, ITP Aero «no dudó en aprovechar una situación coyuntural del sector aeronáutico, para destruir empleo». Precisó que en ITP Zamudio «se despidió a 121 personas mediante un ERE acordado entre la dirección y los sindicatos UGT y CCOO, en un proceso realizado a nivel estatal». A esta actuación sumó que, en la actualidad, la plantilla está afectada por un ERTE «también acordado con los mismos sindicatos en el procedimiento del ERE».

«Queremos recordar también la destrucción de puestos de trabajo que se llevaron a cabo en otras dos empresas del grupo ITP, como ITA, e ITP Externals», manifestó antes de concretar que en las plantas PCB de Barakaldo y Sestao la empresa despidió a 83 trabajadores y, a pesar de que las dos sentencias han dado la razón a la plantilla y a los sindicatos que impugnaron el ERE, la empresa «se niega a acatarlo y mantiene su intención de proceder a los despidos». Añadió que en PCB los juzgados también les han dado la razón al decretar injustificados los dos ERTEs planteados por la dirección.

«Incoherencia» de Lakua

ELA también dirigió su mirada hacia Lakua, a quien acusó de incoherencia, ya que «aparentemente en estas últimas semanas se ha preocupado por los efectos de la compraventa, por ejemplo sobre el empleo, mientras que no ha dudado en mirar al otro lado, con un silencio cómplice, a los más de 200 puestos de trabajo destruidos los últimos meses en ITP Aero».

Desde Lakua, su consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, dijo que «hay que trabajar por que ITP siga en Euskadi, con un proyecto industrial relevante».

Reconoció que los fondos «suelen vender las compañías en 5 o 6 años, o salen a bolsa, y en ese escenario lo relevante es que ese 30% de accionariado sea industrial, con proyecto y con capacidad para mantener ITP en Euskadi, y también con garantía de empleo y de futuro».

En el trascurso de una entrevista en Radio Euskadi, la consejera Tapia aseguró que hasta junio de 2022 «hay tiempo» para encontrar a esos socios industriales.

Eludió dar detalles sobre la posible entrada de Lakua en el accionariado de ITP –se baraja una participación cercana al 4%– «en estos momentos muy iniciales». «Lo importante no es solo que el Gobierno Vasco se decida a entrar sino que ese 30% de participación industrial pueda tomar decisiones en asuntos importantes», manifestó Arantxa Tapia.