El abogado de la acusación popular en el caso de las obras falsas en Alonsotegi, Iñigo Santxo, explicó ayer en NAIZ Irratia cómo se ha desarrollado el proceso por el que, finalmente, el exalcalde del PNV Jose Luis Erezuma y el resto de acusados han admitido todos los delitos a cambio de evitar la cárcel. El juicio previsto para el pasado martes en la Audiencia Provincial de Bizkaia no llegó a celebrarse después de que «a última hora» la acusación popular, ejercida por el grupo municipal de EH Bildu, y los acusados alcanzaron un preacuerdo que permitía cancelar la vista. Según detalló Santxo, este pacto garantiza el cumplimiento de los dos objetivos que planteaban los ediles de EH Bildu desde un principio: por un lado, «recuperar un dinero que pertenece a todos los vizcainos y al Ayuntamiento de Alonsotegi» y, por otro, sancionar a los culpables.

En total, los acusados deberán devolver los 681.000 euros defraudados –600.000 de la ayuda de la Diputación y 81.000 puestos por el Ayuntamiento–, más otros 200.000 en concepto de intereses. Asimismo, se ha pactado una pena de diez años de inhabilitación y dos años de cárcel. Tal como adelantó Santxo, los primeros 100.000 euros ya se han depositado en la caja del tribunal.

El abogado de la acusación popular explicó que, tras una primera «averiguación patrimonial» de los investigados por parte de la Audiencia Provincial, solo aparecieron «pequeñas cuentas corrientes y un piso». «Les dijimos que con eso no era suficiente para pagar casi un millón de euros y que seguiríamos adelante, que habría juicio», declaró Iñigo Santxo. Pero, según precisó, «en el último momento se declararon unos bienes inmuebles que no aparecieron en la primer detección», concretamente dos casas y una nave industrial. Con ello, la acusación particular consideró que existía una «garantía real» de pago, por lo que siguió adelante con el acuerdo.

Declaración de Aburto

Para Santxo, uno de los puntos claves para entender que finalmente los acusados, y concretamente Erezuma, hayan optado por evitar el juicio es la declaración como testigo de Juan Mari Aburto.

El actual alcalde de Bilbo y diputado de Presidencia de la Diputación de Bizkaia en 2011 firmó la subvención de 600.000 euros por una obra que se llevó a cabo en catorce días naturales, es decir, en diez días de trabajo. En palabras de Santxo, en este caso Erezuma, como cargo público del PNV, ha hecho de «peón» para proteger al actual alcalde bilbaino. «Aburto no es un peón, es un alfil como mínimo. Que hubiera tenido que declarar habría dejado al descubierto el 'modus gobernandi' del PNV, donde a menudo se mezcla el dinero público y el privado», destacó Santxo.

Ortuzar asegura que «no es corrupción»

A pesar del fraude que sufrió la Diputación de Bizkaia al ser utilizada una subvención para pagar una deuda que el Consistorio tenía con una constructora, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró ayer que la actuación del exalcalde de Alonsotegi José Luis Erezuma «no es corrupción», porque «no ha habido enriquecimiento ilícito».

En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar aseguró haber sentido «pena» por este caso, que evidencia «una mala práctica» por parte de un exalcalde de su partido. «Es irregular, no hay que hacer así las cosas» y «es una chapuza para arreglar una situación que se había encontrado, porque se debía dinero a unos empresarios», analizó.

Pero, «sin quitar un ápice de gravedad a estas cosas», no le llamaría corrupción porque «no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de nadie», indicó sobre una actuación que, de ratificarse el preacuerdo, supondrá una pena de diez años de inhabilitación y dos de cárcel para Erezuma y el resto de acusados. GARA