Cuando se cumplieron seis meses desde que el Gobierno de Lakua asumió la competencia penitenciaria, la consejera Beatriz Artolazabal aportó varios datos reveladores de la situación actual en respuesta a preguntas del parlamentario de PP-Cs, Luis Gordillo. En ellas queda claro lo contrario a lo que intentaba insinuar Gordillo: no hay trato de favor a los presos de EPPK.

Así, Gordillo preguntó cuántos presos habían pasado a tercer grado desde el 1 de octubre del pasado año al 1 de abril de este, y de ellos «cuántos están condenados por pertenencia a banda armada y/u otros delitos relacionados con el terrorismo». La respuesta fue que 250 personas han sido progresadas a tercer grado, de ellas solo ocho condenadas por pertenencia a ETA (unos casos que fueron notificados públicamente y dieron pie a un recurso de la Fiscalía en el caso de Joseba Arregi).

Este alto volumen se corresponde con el anuncio del Departamento de Justicia de que pretende pasar del actual 25% de personas presas en régimen de semilibertad a cerca del 40%. Así lo expresaba Jaime Tapia, juez que está guiando este proceso, en entrevista a GARA.

Algo similar ocurre con la libertad condicional, siguiente paso al tercer grado. Artolazabal trasladó a Gordillo que tras la transferencia han accedido a la condicional 80 presos, de ellos solo dos «condenados por pertenecer a banda armada».

En total las Juntas de Tratamiento de Basauri, Martutene y Zaballa han presentado 142 propuestas de progresión de grado, aunque también ha habido 54 de regresión. Se da la circunstancia de que tanto unas como otras han sido aprobadas casi en su totalidad por las direcciones de las cárceles.

Aunque Lakua no lo incluyó en esta respuesta, ello refuerza que existe un criterio uniforme dentro de las prisiones sobre estas progresiones y regresiones, marcadamente técnico, frente a la excepcionalidad y arbitrariedad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española al recurrir terceros grados contra lo que determinan las prisiones.

Otro dato interesante incluido en estas preguntas es que hay casi doble de presos trasladados a Martutene, Zaballa y Basauri que no son de EPPK que los incluidos en el Colectivo. Así, aunque Gordillo quiso poner el foco sobre las repatriaciones de prisioneros políticos en su pregunta, Artolazabal explicó que son 29 los trasladados desde el 1 de octubre condenados por relación con ETA frente a 51 «no vinculados» a esta organización.

Gordillo quiso saber también cuántos casos de presos por otros delitos ven rechazada su petición de traslado a cárceles vascas. Artolazabal indica que han sido 110 y que entre ellos «el motivo más frecuente de rechazo es la falta de arraigo socio-familiar suficiente y contrastado en la CAV»,.