Trabajadores y trabajadoras del servicio público de teleasistencia BetiOn, propiedad del Gobierno de Lakua y gestionada por el trinomio de empresas compuesto por la británica Tunstall Televida, que cuenta con la mayor participación, el GSR del Grupo Mondragón y Grupo IMQ, han realizado ya nueve jornadas de huelga –cuatro en marzo y cinco en abril– desde que el pasado 21 de marzo, al ver bloqueadas las negociaciones con la dirección y el Ejecutivo autonómico, decidieran luchar por un «convenio digno» de esta manera.

El actual está fuera de vigencia desde diciembre del año pasado y recoge unas condiciones que están por debajo de lo contemplado en los convenios del sector sociosanitario, como el de las residencias de mayores, que correspondería a esta actividad de teleayuda. Pero las cinco reuniones que mantuvieron los sindicatos y la UTE adjudicataria de este servicio público para negociar un convenio nuevo no derivaron en acuerdos. «No hubo ningún tipo de avance, han sido reuniones sin ningún tipo de contenido», matiza Alberto Pérez, representante de LAB en BetiOn.

Por ello, la asamblea de trabajadores y trabajadoras representada por ELA, LAB, ESK y UGT, acordó a finales de febrero recurrir a la huelga «para ver si de esta manera obligábamos a la empresa a reiniciar la negociación y hacíamos partícipe al Gobierno Vasco, como titular que es de este servicio», explica Pérez. La primera embestida, en marzo, fue de cuatro días. La segunda, de cinco, en abril. Y la asamblea ha acordado que si la UTE no se sienta a negociar, realizarán otras doce jornadas de huelga en mayo.

En las nueve jornadas de huelga, la plantilla se ha manifestado en Donostia, donde el servicio de teleayuda cuenta con un pequeño centro de trabajo; se ha desplazado hasta la sede en Bilbo y también se ha presentado ante la sede de Lakua en la capital vizcaina. También ha habido altercados. El ambiente está crispado. «Sobre todo por parte de los mandos superiores» que «no han sabido aceptar una mayoría».

Salarios y horarios

La plantilla exige equiparar el nuevo convenio al del sector sociosanitario, donde están incluidas las residencias, la ayuda a domicilio o la intervención social, porque a día de hoy sus salarios están «bastante por debajo». «A pesar de que algunos de esos convenios llevan años sin renovarse, nuestras condiciones laborales siguen por debajo», denuncia Pérez.

Exigen «que la negociación parta de la no pérdida del poder adquisitivo», lo que conlleva una subida salarial en base al IPC real interanual, alza que, según lo acordado en la asamblea, reclaman sea lineal, de modo que el aumento sea igual para los trabajadores de todas las categorías.

Su última demanda se centra en la reducción de la jornada laboral. BetiOn, conocida por la medalla o pulsador que disponen sus usuarios para contactar con los operarios, presta asistencia telefónica 24 horas al día todos los días del año a personas con problemas de movilidad, diversas discapacidades o mayores que viven solos en sus casas. Cuenta actualmente con 120 trabajadoras y trabajadores en plantilla para prestar servicio a alrededor de 62.500 personas usuarias. El centro atiende aproximadamente 1.000 llamadas diarias y realiza otras 2.000. Y, de nuevo, su jornada laboral no se ciñe a la fijada en los convenios del sector sociosanitario: mientras la mayoría de los convenios contemplan alrededor de 1.592 horas al año, en BetiOn trabajan 1.612,5 horas.

Ronda de contactos

Desde hace dos semanas, los sindicatos complementan su lucha con una ronda de contactos con los grupos representados en el Parlamento de Gasteiz. Se han reunido hasta el momento con EH Bildu y con los grupos del Gobierno, PSOE y PNV. A estos últimos les reclamaron que tomen parte en el conflicto y presionen a la empresa para que se siente a negociar. «También les hemos pedido que lleven un control de a qué se destina cada euro del presupuesto que se adjudica a BetiOn», añade Alberto Pérez.

La última adjudicación, para cuatro años, fue de 41 millones de euros de dinero público. «Pensamos que es una cantidad bastante alta, por lo que estimamos que esta empresa tiene importantes beneficios. Esos beneficios habría que controlarlos e invertir en la calidad del servicio y la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras».

Los grupos entienden la situación y consideran lícitas las demandas de los sindicatos, según traslada Pérez. «Sí que nos han dicho que trasladarán la problemática al Gobierno Vasco», aclara. Si esto no da resultado, la estrategia ya está decidida: afrontarán mayo con doce jornadas de huelga. «Los compañeros y compañeras han decidido dar un golpe fuerte y vamos a por ello», subraya Pérez.