La sentencia en relación al expreso Xabier Atristain dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), ahora firme después de que la corte desestimara el recurso del Estado español, evidencia que el régimen de incomunicación español, que se le aplicó tanto a Atristain como, según enfatizó su abogado Zigor Reizabal, «a la práctica totalidad de presos vascos que cumplen condena ahora y también a miles de ciudadanos vascos a lo largo de la historia», es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ello, tanto Reizabal como Sortu concluyeron que las decenas de personas hoy presas que, como Atristain, han sufrido la vulneración del derecho a la defensa y a un juicio justo y equitativo deben salir en libertad siguiendo la doctrina europea.

Así lo manifestaron ayer en una rueda de prensa Reizabal y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, donde también estuvo presente, pero sin hacer declaraciones, el propio Xabier Atristain.

Rodríguez consideró que es responsabilidad del Gobierno español, obligado a cumplir esta sentencia, «actuar de oficio» para abrir vías políticas, judiciales y legislativas de cara a garantizar la reparación a todas las personas que han visto su derecho a la defensa vulnerado, lo que conllevaría, en primera instancia, la puesta en libertad de las que están ahora presas, dijo.

«No sería ni aceptable ni justo que el Estado obligue a los presos a que acudan uno por uno a Europa», destacó. En su opinión, lo «razonable» sería aplicar la misma jurisprudencia en todos los casos «análogos», algo para lo que su formación está dispuesta a dar la «batalla jurídica y política».

Apuntó que la resolución del TEDH es una «oportunidad» para «dar una solución razonable y justa a la cuestión de los presos» en «aplicación exclusiva de la legalidad».

En paralelo, Rodríguez mantuvo que esta resolución también supone una oportunidad para «avanzar definitivamente en una democratización real y en profundidad del Estado Español», acometiendo «una ruptura democrática real con el anterior régimen» que, a su juicio, no se ha producido en los últimos cuarenta años.

«La única forma que hay de parar a las derechas y a la extrema derecha es acometer una democratización real y en profundidad del Estado español», reiteró el líder de Sortu, quien insistió en que no es posible «enfrentar el auge de la extrema derecha manteniendo el régimen del 78, aunque sea mediante respiración asistida».

Reivindicó, en este sentido, la necesidad de defender «el respeto a todos los derechos para todas las personas, empezando por los derechos civiles y políticos y acabando con los derechos nacionales de los pueblos».

«En definitiva, la democratización exige responder de una vez por todas a la cuestión clave pendiente de reconocer el carácter plurinacional –del Estado– y dar una solución política y democrática a los conflictos nacionales vasco y catalán», subrayó.

El abogado de Atristain se pronunció en términos parecidos. Recordó que la sentencia de la Audiencia Nacional española que dicta la «doctrina Atristain» concluye que «la ausencia de un juicio justo es causa de una sentencia de condena injusta». «Sin derecho de defensa no cabe condena», añadió Reizabal. Por ello, defendió que, como ya dictó el Tribunal Supremo en 2017, en todos los casos en los que se hayan vulnerado los derechos a la defensa y a un juicio justo y equitativo las condenas deben ser nulas y deberá decretarse la libertad inmediata de quien lo ha sufrido.

«Es un problema endémico y sistemático. Va más allá de un caso aislado, afecta a un gran número de personas, tiene un impacto colectivo y requiere la toma de medidas de reparación con enfoque colectivo», sentenció el letrado.

Condena injusta

Reizabal evidenció que el régimen de incomunicación del Estado español es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. «¿Estas vulneraciones declaradas por el TDEH las han sufrido más personas? Evidentemente, sí. Se da una completa analogía del caso Atristain con la práctica totalidad de los presos vascos que cumplen condena actualmente y con muchas personas que a lo largo de la historia han sufrido la incomunicación», señaló.

Y trasladó toda una batería de vulneraciones de derechos básicos que este régimen incumple. En el caso concreto de Atristain, lo más evidente y grave es que ha cumplido 11 años de condena de una manera injusta. Primero, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal español negaba a las personas presas en estado de incomunicación el derecho a la defensa y a un letrado de libre designación. Estrasburgo, sin embargo, considera «esencial» que la persona en prisión pueda elegir libremente a su abogado.