El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer la toma en consideración de una proposición de ley presentada por EH Bildu para regular los mecanismos que impidan las puertas giratorias, por las que altos cargos del sector público pasan casi directamente a cargos directivos de compañías con las que, además, han tenido relaciones durante su mandato. Votaron en contra los grupos del Gobierno, PNV y PSE, además de Vox. Elkarrekin Podemos-IU apoyó la propuesta y PP+Cs se abstuvo

Una vez más en la tramitación de la toma en consideración de una proposición de ley de EH Bildu los grupos PNV y PSE evitaron entrar en el debate, dejando pasar el turno de palabra que tenían abierto para mostrar su posición contraria e interviniendo después en la explicación de voto, cuando ya no es posible contrastar y contradecir sus posiciones.

El parlamentario proponente, Josu Estarrona, defendió la proposición de ley por la necesidad de añadir obligaciones a las entidades privadas a la hora de contratar personas durante y después del período de ejercicio de un cargo público.

Además, se le pretendía dar rango de ley al periodo de carencia de dos años y se establecía la limitación de los excargos públicos en el uso de sus influencias para acceder a consejos de administración después de abandonar las responsabilidades públicas del ámbito de aplicación de esta ley.

Se quería impedir también que exdiputados forales y exalcaldes puedan ser miembros del TVCP, «como si no hubiera suficiente gente preparada para ello», según apostilló Estarrona.

La proposición de ley de EH Bildu contemplaba también la creación de un Órgano Independiente para el Código de Ética y Buen Gobierno, ente independiente que sustituya a la Comisión Ética actual, donde tres de sus cinco componentes son miembros del propio Gobierno, y que –según Josu Estarrona– se ha ganado la fama de «dedicarse a eximir a compañeros de gobierno maquillando actuaciones de dudosa honestidad, de dudosa ética, que es lo que han hecho hasta la fecha». También se han criticado sus retrasos e inoperancia.

Aprovechando dos de las razones expuestas por el Gobierno para proponer que la ley sea rechazada, como que no especifica qué funcionarios pueden dedicarse a tareas de control y que no contempla al Parlamento dentro de la norma, Josu Estarrona reconoció estas carencias e invitó a PNV y PSE a corregirlas admitiendo la toma en consideración de la propuesta y enmendándola durante la tramitación parlamentaria.

Elkarrekin Podemos-IU intervino en el turno a favor de la propuesta, y durante su discurso, Gustavo Angulo recordó los nombres de una docena de ex altos cargos del PNV que pasaron a cargos directivos de empresas energéticas.

Votos contrarios

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, anunció su voto en contra de la proposición porque, a su entender, el grupo proponente, EH Bildu, «está en la antípoda de la ética». La portavoz ultraderechista añadió que está también contra «las puertas giratorias de salida» que, según su partido, está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez a los presos vascos.

Luis Ignacio Gordillo explicó que PP+Cs se abstuvo en la votación porque, aunque reconoció que hay un problema con las puertas giratorias, consideró que las medidas previstas en la proposición de ley no son las adecuadas y defendió otras vías que vayan por la búsqueda de la excelencia entre aquellos que optan a un cargo público.

Ekain Rico, del PSE, defendió su voto en contra de la propuesta de EH Bildu asegurando que no es más que un compendio de iniciativas que ya se han tratado y rechazado anteriormente en el Parlamento. Se jactó de que su partido impulsó en 2014 la ley reguladora del cargo público, que supuso «un paso de gigante» y que después se ha ido ampliando. Además, adujo que el Gobierno ya tiene en su calendario una ley de transparencia, cuyo anteproyecto se acaba de empezar a redactar.

El jeltzale Ion Andoni Atutxa basó la negativa del PNV a la toma en consideración de la ley en que los mecanismos de control que propone EH Bildu no son mas eficaces que los actuales y en que pretende regular el sector privado, lo que supera con creces el marco competencial del Parlamento autonómico. En resumen, esta proposición «no aporta».

Aunque el debate sobre estas explicaciones no fue posible, durante su intervención el parlamentario Josu Estarrona sí que respondió al criterio negativo del Gobierno en el que ya se recogían estas críticas.

Recordó que esta opinión gubernamental no se apoya en ningún informe jurídico. Al entender de EH Bildu, la CAV sí que tiene competencias para regular cuestiones de interés general en organismos y sociedades privadas, como lo hace habitualmente en materia de igualdad, medio ambiente y seguridad de las personas.