Cuando en 2003 el Gabinete de José María Aznar abrió el camino para declarar bien de interés cultural la Villa Cumbre de Donostia, en el extenso expediente que acompañaba a la propuesta de la Subdelegación del Gobierno español no se hacía ninguna mención a las brutales torturas que en ese mismo inmueble se infligieron a Joxean Lasa y Joxi Zabala justo veinte años antes.

Secuestrados por guardias civiles a las órdenes del ya finado Enrique Rodríguez Galindo, los dos jóvenes fueron trasladados a la que era residencia oficial del Gobernador civil de Gipuzkoa, en aquellas fechas Julen Elgorriaga, donde fueron machacados durante varios días hasta que sus captores, los uniformados y los encorbatados, decidieron trasladarlos a la localidad alicantina de Busot. Allí fueron tiroteados y arrojados a una fosa, donde tardarían casi dos años en ser hallados y diez más en ser identificados. Ya era 1995.

La cal viva en la que fueron enterrados Joxi y Joxean pretendía borrar la huella de aquel crimen de Estado, igual que la ausencia de cualquier referencia al mismo dos décadas después, en el informe de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, buscaba borrar su memoria. ¿Cómo casar belleza y tortura?

Sin embargo, no es este un pueblo que olvide, y aunque sus dueños se han cuidado muy mucho de abrir la más mínima rendija al recuerdo, como muestra la prohibición en 2014 de rodar varias escenas del film “Lasa y Zabala” en su interior, la sola mención de La Cumbre todavía causa estremecimiento en Euskal Herria. Tan profunda es la herida.

Petición del barrio.

Morada de ministros franquistas -el propio dictador se hospedaba en el Palacio de Aiete, a pocos metros, en sus visitas estivales-, y del ahora emérito Juan Carlos de Borbón la víspera de que parlamentarios de HB le cantaran el “Eusko Gudariak” en Gernika, La Cumbre también se utilizó para reuniones preparatorias y como residencia de ministros y altas personalidades durante la primera presidencia española de la Unión Europea, en la que Donostia acogió Consejos de Ministros de Industria y Justicia. Era 1989 y todavía estaba reciente el martirio que habían padecido los refugiados tolosarras en ese mismo lugar. Imposible mayor cinismo.

Ese edificio con nombre de cima y alma de catacumba lleva un siglo siendo una pica española en suelo vasco, un «bien de interés cultural» que paradójicamente representa la incorregible ausencia de cultura democrática del Estado español, que simboliza su crueldad, sadismo y desfachatez.

La cesión de su titularidad al Ayuntamiento, además de atender a las demandas de los vecinos de Aiete, es un primer paso para revertir su negra historia y para ponerle nuevos cimientos, si no al edificio, sí a la sufrida tierra que lo acoge.