La juez de Primera Instancia número 6 de Gasteiz ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el sector crítico del partido y ha anulado las decisiones adoptadas en el último congreso de Eusko Alkartasuna celebrado el 19 y 29 de febrero en Gasteiz, tales como la aprobación de la ponencia política, los nuevos estatutos y los nombramientos de todos los órganos de dirección del partido.

Lo llamativo de la decisión es que, con lo expuesto por las siete afiliadas que llevaron el caso a los tribunales, la juez Susana Díez Martínez de Lahidalga ha decidido la anulación del congreso porque «todo ello indica que ha podido existir alguna irregularidad en la celebración del congreso», pero lo hace, según lo escrito en el auto, «sin entrar a valorar las consecuencias de esas irregularidades y si estas, en definitiva, han tenido alguna incidencia en los resultados finales obtenidos».

La dirección anunció que estudia recurrir la decisión de la jueza.

Las afiliadas litigantes denunciaron «falta de información previa sobre los compromisarios con derecho a voto, ni del número de compromisarios elegidos en cada territorio y tampoco del reparto de restos que se ha podido ceder de una organización a otra». También que «se votó de manera telemática cuando no existía un reglamento que así lo regule y desconociéndose hasta pocos días antes, el sistema que se iba a emplear, así como el total desconocimiento de las personas que emitían el voto por carecer de acreditación alguna». Y, por último, el «adelanto de la sesión plenaria de aprobación de las ponencias, con la imposibilidad para los demandantes de presentar candidaturas a la Ejecutiva Nacional, Consejo Nacional, Comisión de Garantías y Asamblea Nacional».

Cabe recordar que el primer día del congreso, un nutrido número de compromisarios del sector crítico se concentró frente al Palacio Europa de Gasteiz, donde se encontraba la mesa del Congreso, y en lugar de presentar candidaturas, realizó un acto ante los medios de comunicación y después organizó una asamblea paralela a la oficial.

«Ningún perjuicio».

La dirección de EA alegó en la vista celebrada el 8 de junio que dejar sin efecto los acuerdos del congreso «provocaría un caos organizativo y una problemática interna muy peligrosa».

Pero la jueza argumenta que con la suspensión de la ponencia, los estatutos y todos los órganos de dirección «ningún perjuicio debe pasar para la gestión y dinámica de la organización, por cuanto ya existían unos estatutos, y unos miembros que configuraban».

También señala que no anularlos podrían consolidar situaciones de hecho que generarían consecuencias de muy difícil reparación.

«Enorme calado»

Según un comunicado remitido a primera hora de ayer por el sector crítico a algunos medios y recogido por agencias, las consecuencias inmediatas del auto emitido por ese juzgado «son de enorme calado en el seno de EA, ya que quedan suspendidos los nuevos estatutos aprobados en febrero y todos los nombramientos realizados en dicho congreso, por lo que seguirían vigentes los nombramientos de las personas que configuraban la Ejecutiva Nacional, el Consejo Nacional, la Comisión de Garantías y la Asamblea Nacional previos a dicho congreso».

El sector crítico incide en que «nuevamente un auto judicial anula el nombramiento de Eba Blanco como secretaria general de la formación».

EA: Intentan ganar en los juzgados lo no ganado en tres congresos

La dirección de Eusko Alkartasuna, a través de un comunicado, aseguró que no comparte el auto de medidas cautelares dictado por el juzgado y apuntó que se encuentra estudiando el auto para valorar la posibilidad de recurrirlo.

EA «recuerda que se trata de un auto de medidas cautelares; es decir, no es una sentencia y el juzgado no ha entrado en el fondo del asunto». En este sentido, la dirección «se reafirma en que el Congreso Nacional celebrado el 19 y 20 de febrero cumplió escrupulosamente con la normativa interna del partido y así lo defenderá en el procedimiento judicial correspondiente».

Según la dirección de EA, «hay un grupo de afiliados que intenta ganar en los juzgados lo que no ha conseguido ganar democráticamente en los tres últimos congresos». A su entender, «este grupo de afiliados ya dejó claro en la enmienda a la totalidad que presentó que su objetivo era la destrucción del proyecto político de EH Bildu. La judicialización de la vida interna de EA responde a este fin». I.I.