Transcurridos siete años de la operación por la que la Policía francesa se incautó de un arsenal de armas, en mayo de 2015 en Biarritz, ayer tarde se abrió en París el proceso judicial a dos ciudadanos vascos a los que se juzga por presunta relación con «organización terrorista», además de por «tenencia, transporte y depósito de explosivos».

El proceso, que tiene lugar en el Tribunal Correccional de la capital gala, se abrió con la exposición de hechos, a cargo del juez, para procederse luego a la toma de declaraciones, en una sesión vespertina que se esperaba que se pro≠longase hasta entrada la noche.

A partir de ahí se inició la toma de declaración a Enrike López, detenido el 29 de mayo de 2015, tras el arresto de Na-thalie Chasseriaux, en cuya casa familiar se encontró el depósito de armas, algunas de las cuales, según citaron ya algunas crónicas periodísticas de la época, estaban selladas.

López declaró ante el juez que aceptó «guardar las armas» como parte de su «compromiso con el proceso de resolución», al estar ya en esas fechas en marcha la labor de sellado e inventariado de armas que ETA abordó por sus propios medios, bajo observación de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) y sin contar con la colaboración de los dos Estados. López aseguró, además, que la otra imputada, Nathalie Chasseriaux, no era conocedora del contenido del material guardado en Villa Cambarre.

A partir de ahí se abrió el debate jurídico, al cuestionar el juez la modalidad elegida para poner fuera de uso las armas, llegando a preguntar sobre el por qué de no entregar los arsenales directamente a la Gendarmería. Serge Portelli, expresidente de la Corte de Apelación de Versailles e integrante del Sindicato de la Magistratura, actuó ayer junto a la defensa de López, ejercida por la letrada Xantiana Cachenaut. Y a él le correspondió aportar al juez los elementos de contexto que «ayudan a entender» lo actuado en Biarritz. Portelli glosó el proceso vasco desde la Declaración de Aiete, y se detuvo en describir sus etapas, sin olvidarse de aludir a los obstáculos puestos al desarme de ETA que, sin embargo, pudo completarse en 2017 con la colaboración indispensable de la sociedad vasca.

Ya en declaraciones previas a la vista, la letrada Cachenaut hizo saber, a través de la emisora France Bleu Pays Basque, su intención de pedir la retirada de la «calificación de terrorismo» al entender que «como se demostró por el devenir posterior, lo de Biarritz tuvo que ver con buscar la paz».

A través de una nota

publicada en GARA el 6 de junio de 2015, ETA aseguró que con la operación de Biarritz los Estados «atacaron» el proceso acordado para el sellado de sus arsenales. Bake Bidea, cuya presidenta, Anaiz Funosas acudió ayer al juicio de París, remarcó que en Biarritz la Policía se incautó de «armas inventariadas por ETA», en un proceso supervisado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV). Por su parte, Jokin Etxebarria (EH Bai) denunció que, en vez de asumir responsabilidades, «París juzgue a personas que se compromieron con el desarme de ETA».