Los crímenes de la dictadura franquista y las violaciones de derechos humanos que persistieron durante la Transición son un bache en la memoria histórica del Estado español, especialmente para las nuevas generaciones. Cada vez aparecen más libros, investigaciones periodísticas y documentales sobre el tema como una alternativa al relato dominante del olvido.

El asturiano Pablo Alcántara Pérez -graduado en Historia por la Universidad de Oviedo y doctor por la UAM- dedicó los años de su tesis a investigar esos tiempos y especialmente a la Brigada Político Social, lo que derivó en su segundo libro, “La secreta de Franco” (Ed. Espasa, 2022). A pesar de sus jóvenes 30 años, ya tenía otro publicado, “La lucha contra el franquismo en Asturias”.

Antes de la presentación, le hace una emotiva dedicatoria a su abuelo Diego y destaca que le impulsó a bregar por la memoria. ¿Por qué?

Mi abuelo Diego murió el año pasado. Mis abuelos me contaron muchas historias del último franquismo, que los medios te lo suelen contar como una época de bonanza económica y tranquilidad, y es un relato totalmente falso. Mis abuelos emigraron del campo en situación de precariedad absoluta y luego llegaron a Asturias a seguir trabajando con mucha precariedad.

Eso me hizo interesarme por la historia popular. Se dice que los vencedores escriben la historia, pero en realidad la escriben los pueblos, la gente, los que emigran, los que luchan por cambiar sus condiciones de vida y construyen esa historia.

En el libro menciona el debate entre historiadores sobre si el franquismo implicó o no una ruptura del aparato policial. ¿Cuál es su opinión?

Mi opinión es que sí, aunque hay ciertas continuidades, porque la creación de la Brigada de Investigación Social fue en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que investigaba a gente del movimiento obrero, independentistas, etcétera, pero sí creo que respecto a las anteriores supone ruptura porque básicamente tenemos una represión con fusilamientos y depuración del aparato republicano.

De hecho, a los policías que habían estado en zona republicana les hacen exámenes sobre su actividad en la Segunda República y en la Guerra Civil. Hubo policías que participaron en la quinta columna y espiando para la Falange, y a partir de eso, y con ayuda de la Gestapo nazi, se crea la Brigada Político Social, que supone una policía totalmente ideologizada, identificada con el régimen y apoyándolo.

¿La Gestapo nazi colaboró en la creación de la Brigada Político Social?

Sí, fue fundamental para su nacimiento. Hay historiografía revisionista que dice que Franco nos salvó en Hendaia de la guerra y que no se alió con Hitler, y es totalmente mentira. Ya incluso antes de acabar la Guerra Civil hay pactos entre Alemania y España de cooperación policial, pactos económicos para financiar la propia policía española.

Himmler viaja en 1940 a España a verse con el cuñado de Franco que era ministro de Interior y con altos mandos. No es casualidad que en 1941 se creara la Ley de Policía que dará arquitectura jurídica a la Brigada Político Social, que ya existía pero luego pasaría a tener estructuración territorial y envoltorio ideológico.

En los archivos españoles es muy difícil encontrar información sobre torturas y violaciones a derechos humanos por la ley de secretos oficiales.

En el libro habla de los infiltrados de la Brigada, que tuvieron más desarrollo en los años 60 y 70. ¿Cómo fue eso y qué rol tuvieron en la resistencia antifranquista?

Esto es muy interesante. Cuando empecé entrevistando a gente que había sufrido torturas, ellos contaban que en la universidad o en el trabajo ya habían conocido al torturador o a quien les detenía, porque eran infiltrados. Ahora he visto que la Dirección General de Seguridad y la Brigada tenían planes concretos de infiltración de gente dentro de las organizaciones clandestinas, las asambleas universitarias y las comisiones obreras.

¿Cuál fue el rol de Justicia Democrática?

Bueno, Justicia Democrática fue un colectivo de jueces y fiscales, minoritario, que se enfrentó al régimen con críticas al uso de las torturas, pidiendo derechos humanos para los presos y un estatuto del preso político.

A medida que hay una mayor respuesta nacional e internacional sobre lo que eran las torturas, la propia Brigada tiene que refinar un poco los golpes, no puede aparecer una foto de Marcelino Camacho con hematomas en la prensa internacional.

Hay un caso, el de Anita Sirgo, una asturiana que participó en las huelgas mineras, que fue detenida por estar en los piquetes y le raparon el pelo. Tuve el privilegio de entrevistarla. Se sacó una foto después de ser rapada y la mandaron a París, y salió en la prensa.

¿Era frecuente lo de rapar a las presas políticas?

Sí, raparlas era un símbolo porque eran mujeres contrarias al modelo de la mujer franquista, del hogar, que sirve al marido. De hecho, en los 40, a grupos de republicanas les daban aceite de ricino para que tuvieran diarrea, las rapaban y violaban, y les ponían un lazo con la bandera de España.

En el libro cuenta que en 1962 se crea el primer grupo especial de la Brigada destinado a combatir a ETA…

Es interesante la cuestión sobre ETA porque la Brigada hacía redadas y torturaba, pero no estaba entendiendo cómo se daban los cambios políticos y sociales en el Estado. No entendían al movimiento obrero y tampoco entendieron la creación de ETA. En los primeros informes hablan de que ETA es el brazo armado del PNV, los llaman «bisoños irresponsables y soñadores». El cambio se produce con el fusilamiento de Melitón Manzanas y el asesinato de Carrero Blanco. Se dan cuenta de que eso iba en serio.

¿Quién dijo lo de «bisoños irresponsables»?

La Brigada los mencionó así. Pensaban que eran solo algo del movimiento juvenil y que no iban a actuar más allá de poner alguna bomba en un sitio o quemar banderas españolas y poner ikurriñas. En Madrid la prioridad en ese momento eran el PCE y las Comisiones Obreras, y los universitarios.

¿Qué sucedió tras la muerte de Manzanas?

Pasan de un extremo al otro. Hay diferencias sobre cómo actuar entre la Guardia Civil y la Brigada. Los primeros decían que había que volver a la represión más dura, fusilamientos y detener a todos los que tuvieran actividad política, mientras que el ministro de Interior, Arias Navarro, pedía más calma. Después del asesinato de Manzanas hay un estado de excepción en Euskal Herria, con represión brutal.

Melitón venía de actuar en Irun y Donostia, no se movió de ahí. Fue el jefe de la Brigada allí. En su juventud se enroló en el ejército franquista y después se unió a la Brigada. Los relatos sobre sus torturas son salvajes. A pesar de ser jefe y poder mandar a otros a hacer las torturas, él quería hacerlas con sus manos.

Sobre la Transición, ¿cómo describiría el proceso y qué es eso que menciona en el libro de los reclamos del sindicalismo policial?

La Transición fue la época de la impunidad y de mantener a los miembros de la Brigada en la policía democrática, mientras que en países como Portugal o Argentina hubo una depuración del aparato del Estado de la dictadura y juicios a los responsables de violaciones a los derechos humanos. En el Estado español no lo hubo por aquella Ley de Amnistía y, a pesar de que algunos policías eran multados por las denuncias de malos tratos, todo quedó en un cajón.

Y lo del sindicalismo policial es interesante porque de la Transición se suele hablar de los errores como que se hizo lo que se pudo, pero sí que había alternativas. Hubo un grupo de policías que crearon organizaciones clandestinas que pedían el respeto a los derechos humanos, una policía más democrática, y criticaban los enlaces con las organizaciones de extrema derecha. Lo curioso es que esos policías no fueron premiados ni ascendidos, sino que muchos fueron encarcelados, depurados o multados por pedir estos cambios.

Ahora se está debatiendo una nueva ley de secretos oficiales. ¿Qué opina de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez?

La reforma me parece totalmente insuficiente. Deja tal y como están los secretos oficiales, porque el límite temporal es tan exagerado que no deja ver nada y permite la reclasificación. Otro de los problemas es que no hay registro público. Deberían poner un límite máximo de 15 a 25 años y que se digitalice la información, como pasa en Estados Unidos.