El primer pleno parlamentario del curso en Gasteiz tuvo que comenzar, desgraciadamente, con una declaración institucional y un minuto de silencio «por el asesinato de Maria Luisa Larrañaga», originaria de Soraluze y víctima en Benidorm de la violencia machista ejercida por su marido.

Después se produjo el primer examen sobre las posibilidades de llegar a acuerdos en materia energética. Examen suspendido. EH Bildu propuso que se pidiera al Gobierno de Lakua la redacción de una ley que garantice el bienestar energético como un derecho subjetivo. Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, pedía establecer los espacios naturales protegidos de la CAV como zonas de exclusión para la promoción de proyectos de energía eólica y fotovoltaica. Ambos grupos lograron redactar textos comunes en los dos temas, pero PNV y PSE hicieron uso de su mayoría absoluta para rechazarlos y sustituirlos por sus propias enmiendas continuistas.

Frente a la propuesta de EH Bildu de que el Ejecutivo redacte una ley para garantizar el bienestar energético como un derecho subjetivo, los partidos que apoyan al Gobierno, PNV y PSE, sostuvieron que ya se están tomando en estos momentos medidas para paliar la pobreza energética y pidieron al Ejecutivo autonómico que no ceje en ese empeño.

Argumentario de la coalición

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez expuso que «la cuestión es la siguiente: ¿contamos con herramientas para hacer frente a la pobreza energética? ¿Se han adoptado medidas para paliar la situación que sufren los ciudadanos y ciudadanas ante la situación que sufrimos como consecuencia de la guerra en Ucrania? La respuesta es ‘sí’. Evidentemente, todo se puede mejorar y aumentar, pero contamos con importantes herramientas para ello».

Sánchez añadió que ya se están incrementando ayudas, por lo que «no vemos necesaria la iniciativa presentada».

Por su parte, el jeltzale Aitor Urrutia criticó que se haga «alarmismo» con los datos en estos momentos de «incertidumbre». Y propuso, por contra, que a la ciudadanía se le ofrezca «confianza».

El parlamentario del PNV citó al lehendakari, Iñigo Urkullu, que en el Pleno del Política General afirmó que «la confianza en nuestras instituciones es la garantía más cercana para responder a las necesidades y superar los retos».

Urrutia incidió en que «ya quedó claro que el Gobierno estaba dispuesto a implementar las medidas que hay que implementar».

Medidas no eficaces

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero defendió, por su parte, la necesidad de garantizar como derecho subjetivo que la gente pueda tener acceso a la energía. No negó que se hayan tomado medidas, pero demostró que estas no están siendo efectivas, porque los datos relacionados con la pobreza energética están «creciendo exponencialmente».

Otero, además, mostró su preocupación sobre lo que ocurrirá en los próximos meses, puesto que si en los años 2019-2020 había en la CAV unas 200.000 personas en riesgo de exclusión, habrá que ver qué ocurre cuando la factura de la electricidad se ha encarecido un 110% desde entonces. Y también llevó al Pleno la situación de las comunidades con calefacción central, «que ya se están reuniendo para decidir cuánto frío están dispuestos a pasar».

Sin competencias

La cuestión de recoger el bienestar energético como un derecho subjetivo -es decir, que la Administración tiene la obligación de garantizar, como la Educación- no es la primera vez que se aborda en el Parlamento de Gasteiz. En febrero de 2021, PNV, PSE, PP y Vox impidieron que se llegara a tramitar una proposición de ley presentada entonces por EH Bildu.

El Gobierno emitió un informe negativo porque observaba problemas jurídicos. Mikel Otero apuntó ayer que dado que ahora proponían que fueran los servicios del Ejecutivo los que redactaran la ley, tendrían los elementos suficientes para solventar esos problemas.

Pero la cuestión central la expuso la parlamentaria del PSE Gloria Sánchez al señalar que «dudamos de que una normativa autonómica pueda intervenir en esta materia teniendo en cuenta que son competencias propias del Estado».

La respuesta a esa afirmación es doble. Por una parte EH Bildu insiste en que el debate de la soberanía no es ajeno a estas cuestiones. Y, por otra, David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, respondió al PSE mostrando su desacuerdo con «el uso pleno del autogobierno que tiene el Gobierno Vasco para desarrollar políticas de transición energética, por varias cuestiones: en primer lugar, tiene la capacidad de poder regular mediante esta ley la garantía en el acceso al bienestar energético, y no lo quiere hacer».

El texto transaccional firmado por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU fue rechazado por el resto de los grupos políticos. La enmienda de PNV y PSE salió adelante con su mayoría absoluta.