El Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo ha abierto diligencias contra Aitor Santiesteban, alcalde jeltzale de Alonsotegi entre 2007 y 2011, por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude, tanto a las administraciones públicas como de subvenciones. Y ha imputado por los mismos delitos a Alberto Zulueta, arquitecto que entonces ostentaba la representación legal de Arkideiak; a Roberto Fernández y a Saúl Sonseca, de Proyectos y Obras de Pabisa; y a Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de Laneder Construcciones.

En el auto al que ha tenido acceso GARA se detalla que los investigados, «puestos de común acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio, crearon la apariencia de ejecución de varias obras con cargo a fondos estatales, provinciales y locales, en perjuicio de los respectivos patrimonios públicos». Se trata de la reforma de los servicios sociales del campo de fútbol municipal de Basteita y la urbanización para promoción de la accesibilidad del eje urbano de Loibe, por las que se abonaron un total de 460.000 euros.

Además, dice el auto judicial, «aparentaron» la ejecución de trabajos con cargo a las subvenciones forales previstas para hacer frente a los daños ocasionados por las inundaciones producidas en primavera y verano de 2008. Figuran las obras de mejora y arreglo de Basteita, abonadas a Pabisa por 203.985,79 euros; y las obras del camino de Artiba y de acceso al campo de fútbol, pagadas a Laneder Construcciones, por 448.184,44.

Informes de Zulueta

En lo que se refiere a los trabajos de Basteita, el juzgado destaca que «para generar la apariencia de unos daños que justificasen el acometimiento de las obras», Zulueta elaboró un informe con la estimación del coste de reparación de los daños en los bienes públicos a causa de las inundaciones del 1 de junio de 2008 por importe de 2.046.660 euros, que fue remitido a la Diputación de Bizkaia el 3 de junio de 2008. El 30 de setiembre Santiesteban firmó un decreto de Alcaldía para aprobar la memoria redactada por Zulueta y pedir la subvención.

En octubre, el primer edil firmó otro decreto, esta vez relacionado con otro informe de Zulueta, que acreditaba la existencia de daños en el camino del pantano de Artiba, «coincidiendo los daños afirmados, con exactitud, con los declarados en el anterior Informe de 10 de octubre de 2008, en el que sin embargo no incluyó la partida referida al campo de fútbol», que suponía un coste de 233.796,05 euros. Estos informes dieron pie a una subvención foral con cargo al concepto de «imprevistos» por importe de 1.742.058,63 euros.

Discrepancias de la interventora

Al año siguiente, se elaboraron varias certificaciones de obra y emitieron facturas «sin contenido económico real». Y el alcalde dictó varios decretos resolviendo las discrepancias formuladas por la secretaria interventora del Ayuntamiento, Ana Isabel Valbuena, por no haber sido adjudicado ni existir gasto aprobado en relación con los informes elaborados por Arkideiak.

Las discrepancias fueron a más, y en enero de 2010 Valbuena emitió un “Informe de reparo”, afirmando que las obras no fueron adjudicadas por el procedimiento de urgencia ni por el correspondiente conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

El esquema se repite en el caso de las obras de urbanización para promoción de la accesibilidad de Loibe, con decretos de Alcaldía en beneficio de Arkideiak y licitaciones en procedimientos negociados sin publicidad que recayeron en Proyectos y Obras Pabisa por un importe de 199.137,93 euros, más 31.862,07 en concepto de IVA, «previo informe técnico favorable» de Zulueta.

Según el juzgado, tales hechos resultan «indiciariamente constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, delitos de fraude a las administraciones públicas, delitos de fraude de subvenciones y delito de malversación de caudales públicos».

Este no es el primer procedimiento judicial al que se enfrenta Santiesteban, que en 2018 fue procesado por malversación y fraude, una imputación compartida con otro exregidor del PNV, Gabino Martínez de Arenaza.