Egia Osoa es una iniciativa en la que personas torturadas, colectivos memorialistas, abogados e historiadores reclaman al Gobierno navarro que en base a la ley, declare como lugares de memoria histórica la antigua comisaría de la Policía española en Iruñea de la plaza de Merindades (la actual sede de la Delegación del Gobierno español) y la Comandancia de la Guardia Civil, que sigue estando en la avenida de Galicia, por considerarlos centros de tortura.

Entre los impulsores de la iniciativa, se encuentran personas que han denunciado haber sufrido en primera persona detenciones, malos tratos y torturas en estos centros como Elías Antón Murgiondo, Martín Arbizu, Xabier Armendariz, Javier Belasko, Iñaki Beorlegi, Gloria Bosque, Isabel Cabasés, Jesús Comes, Concepción Edo, Mikel Erdozain, José Miguel Etxarte, Juan Mari Feliu, Iñaki Goñi, Julen Goñi, Xanti Jaunaera y Julia Munarriz Gómara.

Ley foral

Según recordaron, la ley foral 29/2018 establece como lugares de memoria histórica aquellos que sean declarados como «patrimonio histórico de la memoria por haberse desarrollado en los mismos hechos de singular relevancia vinculados con la represión y la violencia ejercidas sobre la población como consecuencia del golpe militar de 1936 y la subsiguiente represión franquista».

De este modo, como explicaron ayer en Iruñea Mariló Gorostiaga y Julia Munarriz Gómara en nombre de los colectivos impulsores, el Gobierno navarro ha declarado lugares de memoria histórica espacios como la fosa de la Tejería de Elo, el Parque de la Memoria de Sartaguda, la sima de Otsoportillo en Urbasa, el alto de Loiti, el memorial de las fosas de Erreniega o la estela en memoria de Germán Rodríguez en 1978. Asimismo, está el proyecto de realizar un memorial en la calle Aralar de Iruñea para recordar a las personas detenidas y muertas tras el golpe militar de julio de 1936 por el franquismo y los centros detención que hubo en la capital navarra en esa época.

Al menos 169 casos

Sin embargo, lamentan que esta ley no se haya aplicado a «aquellos espacios que durante las largas décadas franquistas fueron centros de detención, represión y violación de todo tipo de derechos y libertades democráticas». En este sentido, recordaron que el informe encargado por el Gobierno navarro al Instituto Vasco de Criminología detalla que en Nafarroa se han registrado al menos 169 casos de tortura entre los años 1960 y 1978.

Este mismo informe señala que la mayoría de estas vulneraciones de los derechos humanos tuvieron lugar en las dependencias policiales de la plaza de Merindades y la avenida de Galicia. Quienes padecieron esas torturas eran militantes de formaciones de izquierdas, del movimiento obrero o de grupos abertzales.

«Por esta razón, distintas personas que padecimos detenciones en aquella época y fuimos maltratadas y torturadas en los centros mencionados, historiadores que hemos estudiado la represión en Navarra durante el franquismo y abogadas y abogados que defendimos en su día a aquellas personas ante los tribunales, hemos impulsado una iniciativa para que, de acuerdo con lo establecido en la ley foral 29/2018, de 26 de diciembre, sean declarados como lugares de memoria», explicaron.

De este modo, los impulsores de la iniciativa piden que, tal y como establece la ley, se coloquen en las entradas de ambos edificios, en lugar visible y fácilmente legible, placas que expliquen y recuerden que fueron centros de detención y tortura.

Imanol Satrustegi, uno de los historiadores que participa en la iniciativa, mostró su confianza en que el Gobierno navarro responda favorablemente al requerimiento, ya que su demanda cumple con todos los requisitos que establece la ley de lugares de memoria.