A estas horas, la política catalana asiste perpleja a la decisión de Junts per Catalunya (JxCat) de abandonar el Govern de la Generalitat. Pese a que estamos ante la crónica de una muerte anunciada, su salida del Ejecutivo presidido por ERC ha generado un auténtico terremoto que, en mayor o menor medida, salpica a todos los actores del arco parlamentario y de la sociedad civil.

No solo entierra el procés tal y como lo conocíamos hasta hoy; también hace mover las piezas para que se articulen nuevas alianzas en vistas a la gobernanza de Catalunya.

Implosión soberanista

La principal consecuencia del descalabro político es, sin lugar a dudas, la fractura que experimenta el independentismo.

Aunque las discrepancias entre ERC, JxCat y la CUP eran notorias y se habían acrecentado las últimas semanas hasta alcanzar el mismo seno del Ejecutivo, con la fractura del Govern han quedado más patentes que nunca: ERC piensa gobernar en solitario y conseguir nuevos socios que le aprueben los presupuestos con el fin de poder terminar la legislatura; JxCat se dispone a ejercer una oposición contundente y exige un adelanto electoral o, en su defecto, que Pere Aragonès se someta a una cuestión de confianza; mientras que la CUP tensará a ERC para que, ante el actual «colapso político», el Govern corrija su rumbo y adopte posiciones más rupturistas y valientes a la espera de lo que acontezca.

También sobre la estrategia para resolver el conflicto con el Estado, los posturas hacen casi imposible cualquier acercamiento a medio plazo entre unos y otros: los republicanos se ven abocados en solitario a presentar la Mesa de diálogo como la herramienta más útil para desbloquear la situación; JxCat reivindica que no hay otro camino que la confrontación institucional -para ello confía en la influencia que puedan tener Carles Puigdemont y el Consell de la República en el exterior-, a la vez que la CUP insiste en que, solo mediante la activación de las luchas en defensa de los derechos sociales y políticos un nuevo referéndum será inevitable.

Este ambiente, aparentemente irreconciliable, se ha trasladado igualmente a las entidades soberanistas, que han recibido de forma muy dispar la crisis desatada en la Generalitat.

Mientras la ANC considera que la movilización de la Diada y del quinto aniversario del 1 de octubre han puesto de relieve la falta de determinación de los partidos para hacer la independencia, ante lo cual estudia impulsar una «lista cívica» para los comicios de 2025, Òmnium Cultural mantiene la esperanza de que los partidos aparquen sus intereses particulares y, en aras del beneficio colectivo, recuperen el «sentido de estado» y acuerden una estrategia conjunta que, según el presidente de la entidad, Xavier Antich, «exigirá nuevas ideas y liderazgos nuevos».

Un frágil equilibrio

Si la crisis ha hecho añicos la unidad del independentismo, en cambio para otras fuerzas abre la oportunidad de modificar las mayorías y, por consiguiente, las prioridades del Ejecutivo.

Los primeros en postularse para este cambio han sido En Comú Podem, que a través de la parlamentaria Jéssica Albiach expresó la disposición de su partido a «construir una mayoría» que, aparte de dar estabilidad a Aragonès, imprima un giro «progresista» a Catalunya y permita profundizar en el diálogo que se mantiene con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una apuesta a la cual se han sumado el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que también instaron a ERC a formar un «gran bloque progresista», en clara alusión al papel que el PSC pueda desarrollar.

Una posibilidad, esta última, que republicanos ya han descartado al recordar, según Oriol Junqueras, que «los socialistas no estan comprometidos con el fin de la represión».

En cualquier caso, el tiempo apremia y recae en ERC mover ficha y decidir qué fórmula le conviene más para mantener a flote el Govern y su agenda política.

Un reto que, a día de hoy, no se augura nada fácil: con JxCat y la CUP en la oposición y un independentismo que ha recuperado la calle, los republicanos necesitarán mucha cintura si no quieren verse obligados a terminar la legislatura antes de tiempo.