Durante nada menos que tres horas estuvieron ayer reunidos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), para analizar la crisis abierta en el poder judicial español con la dimisión del presidente de su consejo (CGPJ), Carlos Lesmes, anunciada el domingo tras casi cuatro años con el mandato constitucional caducado y bajo la lupa europea.

Pese a su duración, la cumbre en la Moncloa entre los dos grandes líderes del PSOE y PP, primera que realizan tras el nombramiento de Feijóo -lo que da señal de la importancia del asunto-, no ofreció novedades tangibles, solo buenas palabras. Ambos se dieron, según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, «una última oportunidad» para intentar resolver esta grave crisis institucional de la que florecen dos cuestiones entrecruzadas: una de forma, que es ese bloqueo en la preceptiva renovación, y otra de fondo, relativa a un sistema en que las dos fuerzas mayoritarias españolas mantienen el control de los nombramientos de la dirigencia judicial y lo usan a su antojo.

Los veinte vocales del CGPJ son elegidos por las Cortes españolas -diez por el Congreso y diez por el Senado-, por mayorías de tres quintos, es decir, 210 diputados y 159 senadores, por lo que es necesario un acuerdo entre el PP y el PSOE. La actual cúpula judicial nace de una mayoría absoluta conservadora que corresponde a la última legislatura del PP de Mariano Rajoy allá por 2013. Dado que la Ley del Poder Judicial establece que el CGPJ se debe renovar en su totalidad cada cinco años, el fin del mandato de Lesmes llegó en diciembre de 2018.

Mayorías conservadoras

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano encargado de realizar los nombramientos claves de la carrera judicial, como son los presidentes de las Audiencias o de los Tribunales Superiores de Justicia. Y en concreto, nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y a su presidente -que es a su vez el presidente del CGPJ-, además de designar dos miembros del Tribunal Constitucional español.

Gürtel, Púnica, Kitchen, el caso del rey emérito... son algunos grandes sumarios de corrupción que han pasado por una Sala de lo Penal bajo el monopolio consevador estimulado por Lesmes, que incluso llegó a ocupar un alto cargo en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José María Aznar de 1996. El CGPJ tuvo asimismo especial peso en el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, cuyos indultos han sido criticado por su presidente en reiteradas ocasiones.

Nueve años después de aterrizar en el cargo, Lesmes deja una mayoría abrumadora de magistrados conservadores en los tribunales más relevantes -entre ellos el Supremo-, muchos nombrados cuando el CGPJ estaba en funciones, como fue el caso de Iñaki Subijana, actual presidente del TSJPV. De hecho, el Gobierno español replicó a estas designaciones mediante la propuesta del PSOE y Unidas Podemos que aprobó el Congreso para que el CGPJ no pudiese realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial una vez expirado su mandato y mientras el PP se negaba a renovarlo.

A comienzos de setiembre, Lesmes amenazó con dimitir si no veía avances en el desbloqueo del CGPJ y también en el TC, ya que en julio finalizó el mandato de cuatro de sus integrantes, aquellos que deben elegir el Gobierno (dos) y el propio CGPJ (dos). La ley establecía que era este CGPJ el que debía nombrarles y, pese a las negociaciones impulsadas por Lesmes, los conservadores bloquearon los nombramientos y a su vez un posible nuevo equilibrio de fuerzas en el tribunal, que el PP no quiere ni imaginar.

Europa insiste

Todo este debate se ha desarrollado bajo la mirada de las instituciones europeas, aunque hay que matizar que su interés está más en la cuestión de forma que en la de fondo. Después de que la visita hace dos semanas del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no se tradujera en ningún acercamiento, la Comisión Europea dijo ayer que la dimisión de Lesmes «reafirma una vez más la urgencia» de encontrar una solución a este déficit español.

Con todo, la Comisión Europea viene advirtiendo desde hace años que el retraso en la renovación del CGPJ es un motivo de preocupación por la «posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización» -algo evidente en el caso español- y reclama que se modifique el método de elección.

En este punto, no está de más recordar que según el Eurobarómetro basado en percepciones ciudadanas solo cinco países de la UE tienen peor valoración de independencia judicial que el Estado español (Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria e Italia). En el informe del World Economic Forum, sustentado en factores más objetivos, el Estado español aparece a nivel global en el número 58 del ranking, tras países como Arabia Saudí, Azerbaiyán y Botswana, entre otros.

La opción de Feijóo

El PP, que cuando disponía de mayoría absoluta no se pronunció sobre este asunto, se apoya ahora en los llamamientos de Europa a modificar el sistema de elección para bloquear la negociación. En una maniobra que intenta prolongar su actual control de la Judicatura, Feijóo plantea potenciar la opción de que los jueces, en su mayoría conservadores, elijan sus cargos de dirección, mientras que el Gobierno español (o más bien el PSOE como miembro mayoritario y único que se ha sentado con el PP) prefiere seguir con el actual sistema, basado en mayorías parlamentarias cualificadas.

Así las cosas, parece probable que esta vez sí se acabe cerrando algún acuerdo entre PSOE y PP, pero suena muy improbable un cambio radical en el sistema que conlleve una despolitización efectiva.

Podemos

Otras fuerzas políticas también se posicionaron sobre el tema. Desde la parte minoritaria del Ejecutivo español, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, instó a «corregir ya la anomalía de este bloque antidemocrático». «La Administración de Justicia es fundamental para nuestro país», agregó.

Más clara fue la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para quien el PP está dando «un golpe blando a la democracia» y el CGPJ debe renovarse «sin concesiones ni condiciones». También reclamó que el PSOE dé participación a Podemos en esta negociación con el PP.

La formación liderada por Belarra viene defendiendo otro proceso de elección para que este no dependa del bipartidismo de PSOE y PP. Unidas Podemos desea rebajar el listón actual de tres quintos de la Cámara para que baste con la mayoría absoluta (176, accesible para la mayoría de la investidura). Eso sí, exige una segunda condición, que las propuestas vayan firmadas por la mitad más uno de los grupos

Desde el PNV, su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, consideró «lamentable, inaceptable e impresentable» el bloqueo de los órganos judiciales y opinó que con la renuncia de Lesmes todo sigue «como estaba: hecho un desastre». Insistió, como hizo también Unidas Podemos, en que en realidad todo el CGPJ debería haber renunciado «hace mucho tiempo», sin perpetuar esta interinidad.

Esteban culpó al «choque de intereses entre actores políticos y judiciales» y añadió que «el PNV no quiere saber nada de esto» porque «este no es el concepto de Justicia en el que nos movemos».

Sin sucesión

Lesmes encargó un informe al Gabinete Técnico del Supremo para que determinara cómo se le debe reemplazar en los dos cargos que ostenta: presidente del CGPJ y del Alto Tribunal. Los expertos señalaron que, llegado el momento, debe sustituirle quien ocupe la Vicepresidencia del Alto Tribunal, que ahora desempeña interinamente el magistrado Francisco Marín.

Aunque el hasta ahora presidente del Poder Judicial defendió esta postura ante la Sala de Gobierno del Supremo y ante el Pleno del Consejo, este es un punto de fricción que podría generar un tercer problema que vendría a agravar la crisis del Poder Judicial, tras la dilatada interinidad del CGPJ y las vacantes en el TC.

Desde el CGPJ no ven con buenos ojos que Marín recoja el testigo de Lesmes estando en funciones sin que el Consejo haya intervenido en la designación de su presidente. Por eso, sopesan desmarcarse del informe técnico entronizando al miembro de mayor edad del CGPJ, Rafael Mozo, como presidente interino.