El Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Nafarroa ha autorizado la construcción del polémico proyecto Mina Muga en territorio municipal de Zangoza, donde se asentarán la planta de procesamiento y las instalaciones de superficie, informó ayer la promotora, Geoalcali.

La empresa y el Ayuntamiento de Zangoza trabajan ahora conjuntamente para la agilización de la autorización municipal que habilitará el comienzo de las obras de la mina en el municipio.

El Ayuntamiento de Undués de Lerda (Aragón) concedió ya la correspondiente licencia municipal de obras el pasado mes de junio de 2022. Las labores de construcción para la bocamina comenzaron inmediatamente y hoy las obras se encuentran en un estado muy avanzado, a la espera de iniciar la construcción de las rampas de acceso.

Se espera que el grueso de la construcción se prolongue durante aproximadamente 30 meses y la compañía asegura que se generarán 1.000 puestos de trabajo en esta fase.

Siempre según Geoalcali, la nueva mina producirá hasta 500.000 toneladas anuales de muriato de potasa (MOP) durante la primera fase de desarrollo del proyecto, hasta llegar al millón de toneladas anuales durante la segunda fase. «La potasa es uno de los tres componentes más importantes en fertilizantes solubles comerciales. Resulta muy eficaz para mejorar el rendimiento de aquellas tierras que por su propia naturaleza no poseen las características idóneas para cultivos de primera necesidad», apunta.

Además, añade que «es un proyecto especialmente estratégico en el actual contexto geopolítico, dado que Europa depende en un 60% de su potasa de Rusia y Bielorrusia y Muga podría remplazar un tercio de dicha producción».

Geoalcali sostiene que invertirá en torno a los 600 millones. Con una vida estimada para la mina de 30 años.

La concesión de los permisos no causa sorpresa, en tanto que la presidenta navarra, María Chivite, ha participado en actos de propaganda del proyecto de Geoalcali.

Pese a este apoyo institucional, hay organizaciones de agricultores aragoneses y ecologistas navarros, como es el caso de Sustrai, que han planteado iniciativas legales para detener el proyecto.