Desde que Lakua asumió la competencia de prisiones se ha concedido la progresión al tercer grado a 32 presos y presas vascas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido 21, y seis han sido revocadas. Además, el Ministerio público ha llevado a la Sala Primera tres casos que habían sido ratificados por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Una polémica actuación realizada al amparo del artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria, reformada por el Gobierno del PP en 2003.

En dicho punto se establece que en el caso de los ciudadanos vascos condenados por «terrorismo» la clasificación o progresión al tercer grado requerirá de «la satisfacción de la responsabilidad civil», del abandono de la lucha armada y de la colaboración «activa» con las autoridades en investigaciones policiales. Esto se podrá acreditar mediante «una declaración expresa de repudio» de la violencia y de una «petición expresa de perdón», así como mediante informes técnicos.

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, insistió ayer en que los represaliados vascos no cumplen estas condiciones y llegó a señalar que no hay informe alguno «que diga que el interno está desvinculado de la organización terrorista», en alusión a ETA, una organización que en 2018 anunció su disolución. También señaló que, a su juicio, no se da la petición de perdón, pese a que los presos políticos han aceptado el dolor causado; y puso en entredicho los informes elaborados por las juntas de tratamiento de las prisiones de la CAV, en las que se ha basado el Gobierno de Gasteiz para aceptar las progresiones de grado. «La Fiscalía está repleta de técnicos jurídicos», aseveró, poniendo en valor los votos particulares. «La cuestión no está tan clara», apuntó ante la atenta mirada de Jaime Tapia, asesor de Lakua en política penitenciaria. Ambos participaron en un coloquio organizado por la AVT y la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en el Centro Memorial de Gasteiz, donde Tapia recordó que la reforma de la Ley General Penitenciaria fue «cuestionada y criticada» y, «todavía hoy en día, si uno va a foros de la doctrina, es puesta en cuestión».

Informes «rigurosos y profesionales»

Tapia defendió los informes «rigurosos y profesionales» de las juntas de tratamiento, que «son nuestros ojos y nuestros oídos, son quienes conocen a las personas en sus diferentes conductas diarias». «Nosotros vemos expedientes, pero ellos nos guían», afirmó antes de poner en valor las declaraciones por escrito que presentan los presos y presas.

Tapia defendió, asimismo, el modelo penitenciario impulsado por el Ejecutivo de Lakua, apostando por regímenes de «semilibertad», ya que los estudios elaborados por instancias europeas evidencian una «mayor reinserción social».

ESPETXE POLITIKARI BURUZKO EZTABAIDA

Carlos Bautista Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako fiskal koordinatzaileak eta Jaime Tapia Lakuako Gobernuaren aholkulariak mahai inguru batean parte hartu zuten atzo, Gasteizen, Biktimen Oroimenerako Zentroan, AVT eta APAVT elkarteek antolatuta.

Lakuak kartzelen kudeaketa arloko eskumena jaso zuenetik, Urkulluren Gobernuak 32 euskal presori eman die hirugarren gradua; gradu progresio horietatik, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak 21 errekurritu ditu eta sei indargabetu.