El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, exigió ayer medidas a las instituciones para hacer frente al empobrecimiento provocado por el aumento de la inflación, aplicando una reforma fiscal «estructural» y aumentando el salario mínimo hasta los 1.400 euros mensuales, ya que «el salario mínimo a nivel estatal no es suficiente para permitir unas condiciones de vida dignas en Hego Euskal Herria».

En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo, recordó que la Carta Social Europea recomienda que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio, y aseveró que «la prioridad tanto de Chivite como de Urkullu debería ser precisamente esa: adquirir la capacidad de regular el salario mínimo. Y mientras lo consiguen, deberían presionar a la patronal para que se pudiera aplicar la citada medida a través de un acuerdo intersectorial».

Sin embargo, a su parecer, los lehendakaris «actúan con dejadez». «Las condiciones laborales son una de las principales preocupaciones de las y los vascos, pero ellas y ellos están mirando hacia otro lado», apuntó, incidiendo en la necesidad de garantizar subidas salariales en función del IPC.

Según explicó, renunciar a este incremento «debe considerarse un ataque a los salarios. Y ahí se sitúan tanto las administraciones públicas, que han aplicado subidas inferiores al IPC a las y los empleados públicos, como las patronales CEN y Confebask: la suyo es una ofensiva contra los salarios». «Su efecto es el bloqueo de la negociación colectiva que estamos observando y que en ámbitos subcontratados y feminizados es aún más evidente», añadió, y señaló que, «ante este bloqueo, LAB se reafirma en su apuesta por las huelgas y movilizaciones».

Huelgas y protestas

LAB prevé huelgas y movilizaciones en una treintena de sectores durante el próximo semestre. El objetivo de estas protestas, junto con la aplicación del IPC y la garantía de un salario mínimo de 1.400 euros, será «poner sobre la mesa la necesidad de otras mejoras como la reducción de jornada, la limitación de la flexibilidad o las situaciones de discriminación que sufren las mujeres». No en vano, «el bienestar de un país no lo fijan los indicadores macroeconómicos, sino los niveles de precariedad y pobreza, indicadores en los que se han dado pasos atrás en los últimos años, ya que la riqueza que se genera se reparte cada vez peor. El salario y las condiciones laborales dignas son la pata para una distribución más equilibrada del bien, junto con la política fiscal».

Tres medidas fiscales

A este respecto, Arroyo reclamó una reforma fiscal que recoja, al menos, tres medidas: un recargo a las rentas del capital de entre el 1 y el 10%; la eliminación de las deducciones del Impuesto de Sociedades y el establecimiento del tipo nominal del 35%; y el mismo tratamiento de las rentas del capital en el IRPF que las rentas del trabajo, así como la elevación del tipo máximo al 60%.

También lamentó el «intento de justificar la reforma laboral»; y criticó las lecturas «optimistas» sobre el desempleo. A su juicio, hay que tener en cuenta dos datos: «Por un lado, a las y los trabajadores que se contabilizan como población inactiva, a unas 200.000 mujeres que trabajan principalmente en casa pero no tienen empleo; y por otro, a los cerca de 400.000 que, a pesar de tener un empleo, perciben menos de 1.400 euros brutos mensuales. 800.000 trabajadores y trabajadoras, una de cada dos, no disponen de ingresos suficientes».