La práctica sistemática de la tortura ha quedado reconocida oficialmente también en Nafarroa, con la entrega ayer del informe encargado al Instituto Vasco de Criminología de la UPV-EHU. El equipo liderado por el forense Paco Etxeberria trasladó al Ejecutivo de María Chivite el resultado de su estudio, que acredita 1.068 casos de tortura en el periodo 1960-2015, señala qué cuerpos policiales la han practicado y detalla cómo se ha realizado.

Representantes del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) presentaron ayer a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, el informe “Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad”. En el encuentro participaron también el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, y el director del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, Txema González. Por parte del IVAC, dieron a conocer el informe Laura Pego, Paco Etxeberria y Jeannette Ruiz Goikoetxea.

El estudio recoge que entre 1979 y 2015 se han identificado 676 personas que denuncian haber sufrido torturas y otros malos tratos en Nafarroa. Se estima que el número de casos alcanzará la cifra de 825 (676 +22%), un dato que se proyecta como resultado de los expedientes actualmente analizados e insertados en la base de datos (532 casos registrados que corresponden a 434 personas).

La suma de los datos obtenidos en la investigación anteriormente realizada (1960-1978) y la actual (1979-2015) arroja una cifra final proyectada que superaría los 1.068 casos sobre 891 personas afectadas para el periodo de tiempo comprendido entre los años 1960 y 2015.

Entrando en un mayor detalle, el resumen del informe al que ha accedido GARA refleja que la mayor aplicación de la tortura se produjo en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Francisco Franco, con 46 episodios en 1980 y 44 en 1984. Coincide básicamente con lo apreciado ya en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Luego se produce un repunte significativo a mediados de los años 90 (con casi 30 casos por año en 1994, 1996 y 1997), en una época en la que en Nafarroa se sucedieron oleadas de detenciones masivas justificadas policialmente en la «kale borroka». Y se registra otro pico muy significativo bastante reciente, en 2008, con 17 casos contabilizados.

La investigación del IVAC abarca todos los casos referidos, pero analiza más específicamente los que cuentan con testimonios directos: veinte han sido recogidos en audio, 121 en vídeo y 133 por escrito, y, además, hay 254 pendientes de valoración. «El análisis estructurado de las alegaciones de tortura mediante el Protocolo de Estambul concluye la credibilidad global de las evaluaciones tras combinar los factores sicológicos y médicos», remarca el IVAC.

160 menores en Hegoalde

A la espera de conocer el informe completo, otro dato elocuente es que hay personas menores de edad entre las que sufrieron detenciones incomunicadas que derivaron habitualmente en torturas.

En concreto, el IVAC detalla un porcentaje del 2,5% de los arrestados que no llegaban a los 18 años. Aplicando este dato al total de 676 personas torturadas en el periodo posterior a 1979, la conclusión sería que han sufrido esta práctica 17 menores. En el informe relativo a la CAV se contabilizan 143, por lo que la cifra de menores que han sufrido torturas en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria asciende a al menos 160.

El tramo de edad en el que más se han empleado las detenciones y las torturas es el que va de los 21 a los 29 años, segmento en el que figura más de la mitad de los casos registrados (54,4%).

El equipo de Paco Etxeberria incluye en su resumen la constatación de que esta lacra no ha sido combatida judicialmente. Y cita como dato que de las diez condenas europeas al Estado español por no investigar torturas cinco se refieren a casos ocurridos en Nafarroa, con seis víctimas en total.

Fotografía incompleta

Con este trabajo se completa el reconocimiento oficial de esta lacra por parte de las instituciones de Hego Euskal Herria, puesto que el Gobierno de Lakua ya puso su sello a un informe muy similar (a cargo del mismo equipo y con la misma metodología) en diciembre de 2017.

En aquella primera versión se refirieron 4.113 casos de tortura, aunque el número ha ido aumentando con referencias posteriores. Otros organismos que trabajan en esta cuestión como Euskal Memoria verificaron ya hace cinco años hasta 5.657. Y eso que resulta evidente que muchos episodios de tortura, sobre todo los de las décadas de 1960 o 1970, se han perdido por el fallecimiento de las víctimas y la desaparición de referencias documentales.

Trabas judiciales

El proceso en Nafarroa se ha demorado varios años, primero por la inhibición del Gobierno que lideró UPN hasta 2015 y, posteriormente, por las trabas judiciales. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) anuló en 2019 la subvención de 30.000 euros al IVAC para la realización de este estudio tras la impugnación de la Abogacía del Estado. También la ley para reconocer a las víctimas de violencia estatal fue bloqueada, aunque ambas cuestiones se han desencallado.

El argumento del TSJN se basaba precisamente en la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política por grupos de extrema derecha o violencia policial, que fue aprobada por el Parlamento navarro en 2015 con el rechazo de PP y UPN.

El portavoz de UPN en aquel debate fue Carlos García Adanero, hoy suspendido de la formación y entonces parlamentario en la Cámara. «Es imposible que una ley como esta pueda contar con el apoyo de UPN y EH Bildu a la vez porque es la ley de las otras víctimas». Hace siete años, el discurso de García Adanero proclamaba que con esa ley «se pretende poner en el mismo lugar a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a ETA para decir que aquí había un conflicto».

Eloy Villanueva, portavoz del PP, indicó que la ley era «desgraciada porque equipara a terroristas con víctimas».

Lo que no pudieron conseguir con sus votos en el Parlamento navarro lo lograron en las instancias judiciales.

La sociedad navarra ha avanzado notablemente en esta cuestión desde entonces, aunque persiste el discurso de García Adanero y Villanueva en algunas esferas. En cualquier caso, es evidente el camino que se ha recorrido en este ámbito en Nafarroa en escasos años.

Así las cosas, ahora se cuenta con el estudio oficial y también con la opción de reparar a las víctimas mediante esa norma en desarrollo. En este sentido, un decreto del Gobierno navarro aprobaba el procedimiento para este reconocimiento la pasada semana.

En esta última fase, la demanda de que existiera un reconocimiento oficial se había multiplicado con la labor de la Red de Personas Torturadas en Nafarroa, que ha tenido una interlocución directa con el Gobierno navarro, el Parlamento y diferentes agentes para sensibilizar sobre esta cuestión tantos años pendiente. En su haber se encuentra el lecho de colocar esta cuestión, generalmente obviada, en la agenda política navarra.

Este reconocimiento oficial incluye también otra novedad, ya que el informe del Instituto Vasco de Criminología ha sido asumido por un Gobierno liderado por el PSN. Cabe recordar que cuando se presentó la investigación sobre la tortura en la CAV la dirección del PSE respondió de modo muy reticente, si bien luego cambió su discurso.