Dos antimilitaristas del grupo KEM-MOC fueron juzgados ayer, acusados de daños contra la propiedad privada por una acción que llevaron a cabo el 18 de diciembre de 2021, en la que representaron el derribo del Gobierno Militar de Bilbo. Por esta acción, enmarcada dentro de la campaña #BotaKuartela, la Fiscalía pedía para cada uno 18 meses de cárcel y 4.500 euros de multa, solicitud que mantuvo en el juicio.

El grupo antimilitarista llevó a cabo una movilización antes de la celebración de la vista oral, recordando la acción por las que se les juzgaba.

El Gobierno Militar notificó al tribunal poco antes del comienzo del juicio que no se presentaría como acusación civil, ya que los daños han sido reparados y son mucho menores a los demandados por la Fiscalía: 784,05 euros, una cifra once veces menor a los 9.000 que pide la Fiscalía.

En la vista declararon agentes de la Ertzaintza que acudieron al cuartel y explicaron que los activistas tuvieron que ser desalojados, pero «no opusieron resistencia activa». Los testigos de la defensa, que también participaron en la protesta, recalcaron el carácter «no violento» de la misma. Ambos encausados han explicado que con esa acción pedían que los 6.500 m² que ocupa el cuartel se dediquen a «mejoras de las condiciones de vida de la ciudadanía».

La Fiscalía consideró acreditados los hechos y tachó la acción como una manera de protestar «que no es adecuada». El abogado de la defensa explicó que el edificio «no cumple ninguna labor pública» y que el propio Ayuntamiento de Bilbo «ha solicitado el uso del solar».