Nadie pone en duda que las y los médicos cumplen una función vital para la sociedad y que deben tener un reconocimiento y unas retribuciones a la altura de esa misión. A su vez, la gente entiende que no solo los médicos, sino todo el cuerpo sanitario merece unas condiciones sociolaborales buenas que garanticen un servicio óptimo. Las administraciones deben garantizar esas condiciones para la sanidad pública. De partida, sus demandas justas tienen un gran apoyo social.

La pandemia ha supuesto un paréntesis lógico en algunas de esas demandas. Los y las sanitarias, junto con toda la sociedad, entendieron que en una situación tan excepcional había que priorizar el servicio y ser comprensivos con las limitaciones. Luego, algunos responsables han utilizado la pandemia para justificar todo tipo de errores y negar los problemas más evidentes. Eso debe cambiar y es hora de negociar.

Hay que reordenar, no seguir enredando

Tanto en Osakidetza como en Osasunbidea, el sistema de retribuciones y pluses del cuerpo médico es enrevesado adrede. Responde a una dinámica de presiones corporativas y cesiones institucionales, lo que en parte evita conflictos pero acelera la degeneración del sistema. Esas prebendas lo hacen cada vez más incomprensible, más injusto e inviable. Unos pocos ganan mucho más en base a conceptos más que dudosos, mientras una gran masa del cuerpo médico y sanitario apenas recibe nada de ese dinero.

Dentro de ese despropósito de pluses destinados a compensar un salario que todo el mundo entiende que debe ser el mejor posible, la exclusividad es un concepto comprensible, clasista pero defendible. Se paga porque los y las médicos no puedan restar energías al sistema público para ganar extras en un sistema privado paralelo. La concertación entre público y privado supone un evidente riesgo de malas prácticas -incumplimiento de horarios, desviación de servicios, priorización de trabajos…-. Todo hay que decirlo, bajo el concepto de exclusividad se paga un dinero extra para que los médicos no sean malos empleados, algo que debería ir dentro del sueldo, tal y como ocurre en la mayor parte de los trabajos. Pero es una manera de complementar los salarios y garantizar la primacía del servicio público.

La propuesta del Sindicato Médico para que el Servicio Navarro de Salud mantenga ese plus pero no la obligación de exclusividad es inaceptable. Esa demanda no se comparte ni siquiera dentro del cuerpo sanitario, que sabe perfectamente que así no se va a solucionar nada, sino que se van a acrecentar los problemas y las desigualdades.

Sin embargo, tanto la lehendakari María Chivite como la consejera de Salud, Santos Indurain, han dado por buenos los argumentos del SM con tal de evitar una huelga inoportuna. Aun así, el Sindicato mantiene el paro para el próximo miércoles, día 1. Se equivocan quienes piensan que la sociedad va a apoyar demandas injustas y parciales que solo benefician a un sector privilegiado. Menos en un momento en el que los y las trabajadoras de todos los sectores sufren la pérdida de poder adquisitivo y la ciudadanía ve cómo los servicios públicos merman.

Lo sucedido en la red pública de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa demuestra que desregular la exclusividad del trabajo médico es una mala idea. Rebaja la calidad del servicio, complica los horarios y calendarios, supone un conflicto de intereses y favorece la privatización. La sanidad pública necesita una defensa política, no un chantaje corporativo. Teniendo en cuenta los problemas y los retos que afronta la sanidad pública vasca, el debate actual debería ser cómo se recupera la exclusividad en Osakidetza, no cómo se dinamita en Osasunbidea.