Las reformas de los sistemas de pensiones siguen marcando la agenda política en Europa. En lo que respecta a Euskal Herria, el contraste entre el norte y el sur del país es cada vez mayor. Ayer el Gobierno de Élisabeth Borne decidió, en el último minuto y ante lo incierto del resultado, no llevar a votación a la Asamblea Nacional la reforma que previamente había logrado aprobar en el Senado. En su lugar, utilizará la vía del decreto, lo que ha provocado el anuncio de dos mociones de censura; la oposición está valorando otras actuaciones para tumbar el proyecto del Gobierno. Hasta ahora, las movilizaciones, las huelgas y la presión social han frustrado los anteriores planes del Elíseo para reformar el sistema de pensiones francés. De momento, las espadas siguen en alto.

En otro extremo está el Estado español, donde el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado un acuerdo con UGT y CCOO sobre una nueva reforma de las pensiones. Por lo que ha trascendido, el acuerdo tiene algunos aspectos positivos, como la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, una de las demandas de EH Bildu. No obstante, siguen añadiendo elementos que a largo plazo reducirán las pensiones, como el aumento del número de años de cálculo. Sin olvidar que las reformas de 2011 y 2013 supusieron un recorte tan drástico que posteriormente se han derogado algunos de sus aspectos más lesivos. Una situación muy diferente a la existente en el Estado francés y que se podría resumir en los cinco años de diferencia que hay en la edad de jubilación.

En todo caso, el empeño de Bruselas en reducir el gasto social y recortar los derechos de la clase trabajadora está llevando a los Estados europeos a una crisis de legitimidad democrática. Además, el empecinamiento en poner en cuestión la viabilidad de las pensiones no hace sino generar más dudas sobre la viabilidad de los propios Estados, toda vez que son ellos, y no la seguridad social, los que han de garantizar todos los derechos -pensiones incluidas- con todos sus recursos. La obstinación de la Unión Europea por recortar las pensiones se está convirtiendo en una lucha que socava lenta e inexorablemente su propio poder, en una lucha suicida.