Centenares de personas participaron ayer a la tarde en la manifestación convocada en Bilbo por quince organizaciones con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Tras una pancarta con el lema ‘’Contra las políticas racistas’’ y al ritmo de percusión africana, marcharon desde la plaza Corazón de María, en el barrio de San Francisco, hasta el Ayuntamiento.

Los manifestantes denunciaron que «el sistema racista, capitalista y patriarcal se sostiene en base a leyes y políticas que perpetúan el odio, la vulnerabilidad y la desigualdad social en nuestras vidas». De ahí que defendieron la necesidad de articular otras políticas públicas alejadas del racismo imperante.

En Euskal Herria, al igual que en el Estado español, sostienen, «faltan políticas públicas que vayan direccionadas a una verdadera igualdad racial y social, políticas que condenen el racismo en todas sus formas».

Las quince organizaciones convocantes unieron sus voces para denunciar que lo que se llama racismo institucional «no es otra cosa que el racismo manifestado dentro de las políticas públicas, las políticas racistas, que justifican la violencia dentro y fuera de las fronteras».

Son esas políticas, subrayaron en el comunicado leído al final de la marcha, las que dan cobertura a la «militarización» y a los «desalojos ilegales» en barrios pluriculturales como el de San Francisco. Son esas políticas, añadieron, las que justifican «las paradas por perfil étnico a la juventud migrada» o «la violencia y los asesinatos en las fronteras».

También son esas políticas, remarcaron los colectivos, las que «condenan a trabajar sin derechos en la manta o en condiciones de explotación a las mujeres racializadas en el ámbito de los cuidados». «Es el trato diferenciado que se ejerce sistemáticamente sobre las personas racializadas, gitanas y migradas», alertaron.

El racismo quita derechos

Los convocantes quisieron dejar claro que «son las políticas públicas, existentes e inexistentes, las que sostienen este sistema que deteriora y vulnera la vida de las personas racializadas, migradas y gitanas». Pusieron como ejemplo la Ley de Extranjería, «que deja sin derechos fundamentales a miles de personas; en la dificultad en el acceso a los procesos de regularización, en las trabas que existen para acceder a viviendas dignas y al padrón».

Lamentaron que la educación antirracista no esté implementándose en todos los centros. «Creemos que es imprescindible que la Administración integre la perspectiva antirracista dentro de la agenda de diversidad para garantizar espacios libres de violencias y la formación antirracista a toda la comunidad educativa, garantizando una educación basada en el respeto a la diversidad, convirtiendo los centros formativos en espacios seguros para la infancia racializada», expusieron.

En cuanto al «antigitanismo y la ijitofobia», exigieron «políticas reales» que condenen este tipo de discriminación y, a la vez, se repare el daño causado al pueblo gitano durante siglos, «que se nos reconozca y visibilice». «¡No queremos asimilarnos ni que nos asimilen!», enfatizaron después de hacer mención a que a lo largo de la historia del Estado español se han dictado más de 230 leyes antigitanas.