A busando de una concepción poco democrática de las regalías que les concede la mayoría absoluta, PNV y PSE cruzaron ayer desde la Mesa del Parlamento de Gasteiz la línea del más mínimo respeto a los derechos del resto de parlamentarios y, para ello, no tuvieron ningún reparo en inventarse una realidad paralela que, para colmo, contradice a la que sufren sus víctimas y el resto de la ciudadanía.

Porque de lo que se trataba es de que un parlamentario presentó una consulta a la Comisión Ética que le dio la razón, pero después supo que su anonimato había sido violado, recibió una amenaza de la abogada del alto cargo gubernamental sancionado y vio con sus ojos que el email tenía en copia a la consejera Olatz Garamendi, que, a su vez, es la presidenta de la Comisión de Ética Pública.

Sin embargo, nadie responde por ello. La consejera no contestó a la pregunta realizada oficialmente por escrito desde el Parlamento y la Mesa rechazó ofrecer amparo porque puede repetirla e incluso hacerla de forma oral en el pleno. Pero, tras seguir ese consejo, en la sesión plenaria Olatz Garamendi se acogió a no se sabe qué deber de secreto para volver a dejar al parlamentario en la más absoluta indefensión. Entre tanto, el PNV abrió una campaña en redes acusando al amenazado de «victimismo» y electoralismo. Y como colofón de tanto desatino se produce lo de ayer.

Con su mayoría absoluta, PNV y PSE están en una fuga que no está muy claro si tienen del todo controlado dónde puede acabar.

No va a ser fácil que se deje de hablar en el Parlamento de estos abusos de poder ni de la falta de respuestas claras a preguntas precisas sobre puertas giratorias, cargos públicos que pasan al sector privado sin obtener o incluso ni siquiera pedir los informes de compatibilidad preceptivos.

Evidentes incumplimientos de la ley, puestos a la vista de todos los que quieran verlos, y que desde el Gobierno se sacuden como la caspa de los hombros. Y allí se las den todas.

Pero da la impresión de que la oposición no se va a cansar de pedir explicaciones. En la misma nota de la Mesa donde quedó firmada para la posteridad -y tal vez para una causa judicial- cómo se falta a la verdad para no proteger a un parlamentario y defender lo indefendible, se anunciaban preguntas y solicitudes de información por parte de los grupos Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y la propia EH Bildu en relación a los tratos de favor que el Gobierno está concediendo a los suyos.

Y es posible que en algún momento, en algún recurso, en algún recoveco legal o administrativo, la matemática de la mayoría absoluta no sea suficiente como escudo protector ante las vulneraciones de derechos de las minorías. Entonces habrá que empezar a rendir cuentas. Malo sería que, llegado ese momento, quienes actuaron con cierta negligencia ante sus obligaciones legales pero sin mala fe se vieran arrastrados al pozo por la corriente de trepas, saltadores de trampolín y prepotentes.