Tras 34 años, por fin ha terminado la política de dispersión contra las presas y presos políticos vascos y sus familiares. El balance es terrible y el paso del tiempo endurecerá aún más el juicio sobre sus responsables.

La dispersión no ha logrado sus objetivos declarados, la rendición de esos presos y el cisma del Colectivo, y ha provocado la muerte de 16 familiares y amigas en la carretera. Son las víctimas no reconocidas de una política que las tomó como rehenes contra todo principio de humanidad y violando todo tipo de derechos. Y contra la opinión mayoritaria de la sociedad vasca.

Sin haber cometido ningún delito, a los familiares se les impuso un castigo injusto con la idea de que eran el eslabón más débil y que presionarían a sus allegados reos, que estaban en prisión en condiciones ya de por sí inhumanas y bajo una legislación excepcional. A pesar de todo, no iban a abjurar de su militancia, con lo que el único sentido de esta política era acrecentar el sufrimiento.

En vez de traicionar a los suyos, los familiares se conjuraron. Algunas de esas personas estaban a favor de ETA y de la estrategia político-militar, otras simplemente estaban contra el chantaje. Fomentaron una hermandad particular, una solidaridad inquebrantable que engullía kilómetros y traspasaba muros. Educaron en valores y resiliencia a sus hijos e hijas, los niños de la mochila. El paso del tiempo engrandecerá esta gesta.

El fin de la dispersión y del alejamiento es celebrado por quienes defienden los derechos humanos y la justicia. Los mismos que defienden el fin de una excepcionalidad jurídica que, confundiendo justicia con venganza, se empeña en retrasar la libertad de esos 164 presos y presas que deberían estar ya en casa.