Las administraciones navarras no cubren las necesidades de las personas sin techo a pesar de ser un derecho. Esta es la contundente denuncia que hicieron ayer varios colectivos sociales ante los medios.

Esta reclamación fue verbalizada por las portavoces Beatriz Villahizán y Jone Arnedo, quienes señalaron que desde que el 1 de abril el albergue Jesús y María de Iruñea dejó de estar operativo, se han quedado sin una mínima cobertura entre 50 y 100 personas, a parte de las cuales «no se había garantizado el empadronamiento ni acceso a la Unidad de Barrio o a prestaciones sociales, ayudas, ni, por supuesto, vivienda a pesar de llevar meses residiendo en la ciudad».

Sin embargo, «la cobertura de las necesidades más básicas» de las personas sin techo presentes en Nafarroa está recogida en la Cartera de Derechos Sociales del Gobierno navarro. Un servicio cuyo funcionamiento estos colectivos consideran que «ha de ser continuado, todos los días del año».

RECLAMACIÓN DEL DEFENSOR

Para denunciar lo que estaba ocurriendo, elevaron su queja hasta el Defensor del Pueblo de Nafarroa, quien resolvió el pasado 14 de marzo recomendar al Departamento de Derechos Sociales del Ejecutivo y al Ayuntamiento de Iruñea que «en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptasen medidas para hacer valer de forma real y efectiva el carácter garantizado del servicio para personas sin hogar».

Los colectivos instaron a que las recomendaciones del Defensor sean puestas en marcha «de inmediato» para remediar una situación que se denunciará dentro de la manifestación que tendrá lugar el próximo 13 de mayo.