El pasado viernes 12 de mayo en el transcurso de la primera etapa de la Itzulia Women 2023, un vehículo de la Ertzaintza para abrir paso a una ambulancia irrumpió temerariamente en el transcurso de la carrera ciclista y arrolló a cuatro participantes, una de ellas muy grave fue hospitalizada para ser operada y las otras con diversas lesiones. Ocurrió el brutal atropello en la carretera BI-2224, Gernika-Markina en el tramo del alto de Gontzegaraigane (361 m) entre los km 47,23 y 52,52, tramo sinuoso y con pendiente media del 4,8%.

Para estas situaciones lo más normal es que sea una moto del cuerpo policial, por su mayor agilidad de movimiento especialmente cuando hay caravanas de vehículos en un itinerario, la que despeje el camino Y más cuando este cuerpo policial tiene una flota de motos que apenas se usan más que para exhibición, precisamente en carreras ciclistas; el resto del año deben estar en el garaje, ya que no se ven.

Pero lo grave no está solo en la incomprensible y temeraria imprudencia sino que en todo accidente y muy especialmente cuando hay heridos es preceptivo hacer a los conductores implicados un test de alcohol y de drogas. Y en este caso nada se dice al respecto: si se ha hecho, quién lo ha efectuado, con qué resultado, etc. Y en el supuesto de no haberlo realizado se ha prevaricado quizá por encubrimiento corporativo muy habitual en cuerpos policiales.

Al margen de que sus respectivos equipos puedan ejercitar reclamaciones, por pérdida de competitividad deportiva y representatividad comercial de sus patrocinadores, y también por pérdidas económicas, considerando que tres de ellas son de otros países, hay algo intangible muy serio. La total pérdida de credibilidad de esta policía que si son los encargados de custodiar el despilfarrador y perturbador medioambiental Tour, la organización francesa deberá tomar otras precauciones y quizá acudan a otra policía, como los forales de Nafarroa, que al menos son rigurosos y eficaces.

Hay que recordar un caso similar con resultado de muerte en Bilbao. El sábado 28 de diciembre de 2019 un joven RT que volvía del trabajo en su moto fue brutalmente atropellado por un coche patrulla municipal en la intersección de las calles Iparraguirre, por donde descendía, y Rodriguez Arias, ambas de sentido único, que acudían a gran velocidad a resolver una pelea de las numerosísimas que se producen por las noches en la villa. El motorista falleció justo una semana después. El homicidio involuntario no se sabe que se investigase y la prueba principal que es el control de alcohol y drogas no se debió hacer porque nada se dijo. El alcalde Aburto en lugar de abrir una investigación, al tratarse de policías municipales, por cierto muy desacreditados, encubrió el accidente mortal. Tampoco hubo concentración de repulsa en la escalinata del ayuntamiento como por otras muertes violentas.