La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa, ha dado traslado a LAB de su primera resolución sobre el caso de los médicos que se están saltando la exclusividad en Nafarroa y trabajan en centros privados. Tras pedir una primera documentación y contrastar que las denuncias de LAB eran veraces, iniciará sobre este asunto su primer proceso investigador. Se llamará, por tanto, 1/2023.

El documento difundido ayer constituye formalmente una admisión a trámite tras corroborar la veracidad de la denuncia y no una conclusión final, pues una institución así no puede intervenir en campaña. Eginoa, sin embargo, estaba forzada en plazo a contestar al sindicato denunciante.

LAB había dado cuenta en su denuncia de dos tipos de incumplimiento. Por un lado, están los médicos que trabajan en clínicas privadas mientras, aparentemente, siguen cobrando un plus de unos 800 euros mensuales que perciben los facultativos de Osasunbidea a cambio de no ejercer en el ámbito privado (hay otros médicos, unos 40, que han renunciado a ese complemento para llevar esta otra segunda actividad). Por otro lado, están los médicos que ostentan jefaturas y que, en consecuencia, tienen prohibida por ley esta segunda actividad, pues se entiende que el conflicto de intereses en el que incurren resulta intolerable.

Esta circunstancia había dado lugar a cierto cruce de acusaciones entre el director general de Salud, Carlos Artundo, y el portavoz de LAB, Imanol Karrera. Artundo aducía que algunos de los nombres hechos públicos el sindicato no eran jefes como tales y que, por lo tanto, esta prohibición de la segunda actividad no les afectaba. LAB, por el contrario, esgrimía listados de trabajadores de Osasunbidea en los que estas personas sí que figuraban como jefes.

La resolución de la Oficina Anticorrupción entra en esta polémica, y la directora se decanta por la versión de LAB, citando para ello varias sentencias judiciales. Así, antes de emitir la resolución dada a conocer ayer, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción solicitó informes al Gobierno para precisar de qué tipo de cargos se trataba. Y la primera conclusión a la que llega es que Salud se estaría saltando los cauces legales con este tipo de nombramientos para hacer que los médicos no incurrieran en incompatibilidad. Serían contrarios al ordenamiento jurídico, según varias sentencias que cita la directora y también en opinión de la directora general de Función Pública.

Eginoa se muestra, al respecto, muy crítica con la versión ofrecida por la consejera de Salud, Santos Indurain, cuando fue preguntada formalmente sobre esta polémica en el Parlamento, cuando instó a LAB a «matizar» sus acusaciones sobre estos «jefes».

PIDE MÁS DOCUMENTACIÓN

El documento dado a conocer por LAB está más avanzado en el caso del jefe de Ginecología del hospital de Lizarra, el primero en conocerse. Se habla allí de una posible «falta disciplinaria muy grave», tal y como se describe en artículo 64 (letra F) del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Asimismo, se indica que, al menos durante dos años, esta persona se saltó la incompatibilidad.

Que aparezca esta primera tipificación resulta clave, pues a diferencia de otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, cuyas conclusiones acaban en meras denuncias públicas, la Oficina sí se diseñó para tener capacidad sancionadora.

Esto implica que, cuando la Oficina culmine su labor, podrá reclamar a los médicos aquello que se demuestre como indebidamente percibido y, además, de eso puede imponer multas si detecta infracciones como la anteriormente citada, bien por parte de los facultativos, bien por aquellos que diseñaron el modo en que podrían esquivar la prohibición de ejercer en lo privado.

En este sentido, el documento avanza que se ha pedido más documentación a Salud con una relación detallada de jefes que tienen estos nombramientos contrarios a derecho, así como las actuaciones que ha realizado el director gerente de Salud sobre los requerimientos que se le realizaron desde Función Pública para solucionar la situación generada por este jefe de Ginecología.

VALORACIÓN DE LAB

Karrera consideró como «un logro de toda la sociedad» que se haya abierto esta investigación. Advirtió, además, de que los casos que han aparecido no son para nada aislados y denunció a la dirección general de Salud y al Sindicato Médico como los responsables de la situación que se ha generado en torno a la exclusividad de los facultativos, por «haber antepuesto intereses económicos propios y los de los negocios sanitarios» frente a la defensa de una sanidad pública de calidad.

El portavoz de LAB, asimismo, añadió que no piensa dar ni un paso atrás en la defensa de la sanidad pública, recordando su reciente denuncia de los planes del Ministerio para romper el modelo público empoderando al sistema mutual, así como el intento de acabar con la investigación sanitaria enteramente público en Nafarroa a través de la Fundación Miguel Servet.