Coincidiendo con las elecciones municipales y forales de mañana, la Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala ha presentado una publicación con más de treinta testimonios de vecinos y vecinas, mayoritariamente migrantes, que sufren problemas de vivienda, pobreza y exclusión social.

Según señalan, el acceso a una vivienda digna es «uno de esos graves problemas que en los últimos tiempos se ha convertido en una emergencia social». Tal y como revelan los testimonios, esta emergencia se refleja en el aumento de las personas que duermen en la calle, en las situaciones de infravivienda, en los desahucios «violentos» cada vez más frecuentes, en el «racismo inmobiliario», en el «abandono de los parques de vivienda social del Gobierno Vasco y Viviendas Municipales», en el incremento de las viviendas turísticas y de «propietarios especuladores, en alquileres abusivos»…

Además, denuncian la «pasividad» del Ayuntamiento de Bilbo, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno de Lakua, a los que acusan de «no poner los medios suficientes para revertirla».

La coordinadora de grupos quiere llamar la atención sobre «el falso espejismo de una supuesta ciudad de Bilbao vanguardista y comprometida con los valores y derechos humanos que, en realidad, expulsa a cada vez mayor número de personas y hace crecer las desigualdades».

DORMIR EN LA CALLE

Prueba de ello son las personas que viven en la calle. Así lo relata Yassine, de 50 años: «Llevo 5 meses aquí y soy abogada, aunque ahora recojo chatarra. Estuve 10 días en un hostal y otra semana cuando la ola de frío. Luego me dijeron que no había plazas libre y que hay lista de espera. Ahora estoy en la calle».

Varios son los que hacen referencia al peligro que se vive durmiendo en la calle. «Tener un sitio seguro donde dormir es lo mínimo para una persona, en la calle hay gente muy peligrosa que puede robarte», señala Samir, de 34 años. También Faysal, de 34 años: «Cuando estás en la calle no tienes puerta, estás en una tienda de campaña y te pueden robar la ropa, la documentación...».

También la Policía representa un obstáculo para las personas sin hogar. «A veces me quitan el saco y las mantas, y me quedo sin nada», se queja Youssef, de 25 años. «Cada dos o tres días, la Policía viene de forma violenta y dice que no podemos quedarnos aquí», añade Adil, de 34 años.

EL ALBERGUE NO ES LA SOLUCIÓN

Aunque desde fuera lo pueda parecer, el albergue no es siempre una óptima solución, y son muchas las personas que prefieren dormir en la calle. Los horarios y normas «estrictas», la falta total de intimidad o la inseguridad que se vive al compartir con un gran número de personas desconocidas la misma habitación son las cuestiones que más se repiten en los testimonios.

Así lo explica Houcine, que lleva 20 de sus 56 años en el Estado español: «Casi siempre duermo en la calle. Algunas temporadas estoy en albergues, pero no me gustan porque hay peleas y mal ambiente. Siempre hay problemas. Las normas y los horarios son muy estrictos y, a veces, no puedo cumplirlos porque estoy trabajando con la chatarra. Si llegas tarde un día no te dejan entrar y pierdes la plaza».

En este sentido, hay que recordar lo que comentó Pablo Ruiz, director técnico de Bizitegi, en un reportaje de GARA: «No hay construcción posible de una vida mejor que pueda no cimentarse sobre el sentido de dignidad de la propia personas. Nadie puede decidir cuáles son los elementos de dignidad de otra persona, la solución pasa por preguntar y entender que es lo que necesitan las personas para poder dar soluciones a cada una. Sobre la dignidad se construye todo lo demás».

ALQUILERES INJUSTOS

Muchas personas se ven obligadas a vivir en la calle porque no pueden acceder a una vivienda. Los altísimos precios de los alquileres no dejan alternativa. Arrendar una vivienda es imposible para mucha gente, y muchos alquilan habitaciones, aunque los precios de estas también son inauditos, 250 euros, 350 y hasta 450. A ello se suma la dificultad para conseguir un contrato o el padrón. Según subraya la Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, la exigencia de padrón y de un contrato de alquiler para solicitar determinadas ayudas «favorece que se den abusos y un negocio oculto en torno al empadronamiento y el contrato de alquiler que únicamente beneficia a propietarios y especuladores grandes o pequeños, individuales o fondos buitre, que cada vez son más en nuestras calles».

«Vivo con mi hijo de dos años en una habitación de alquiler y pago 450 euros al mes. Me cobran más por hacerme contrato y estar empadronados. Hace unas semanas me dijeron que me subirán a 490 euros, y me amenazaron con que si no pagaba no me dejarían usar la cocina o me echarían. No puedo pagar esa cantidad y no sé dónde ir, no encuentro otra casa», relata Mariana de 24 años, que asegura no conocer al que tiene el piso alquilado. «El contrato de subarriendo para llevar a Lanbide me lo da otro hombre». Ante esta situación, no son pocas las personas que han tenido que abandonar la ciudad: «Estoy en paro y nos hemos tenido que ir de Zabala a vivir a Balmaseda porque ya no podíamos pagar el alquiler. Mi hermana se ha tenido que ir a Sestao, porque ya no podía asumir la subida del alquiler».

DESAHUCIOS

Desde la coordinadora explican que esta especulación se produce simultáneamente a los crecientes procesos de turistificación y gentrificación, que hacen que sea cada vez más difícil vivir en estos barrios y que, en muchas ocasiones, supone la expulsión de las vecinas y vecinos con mayores dificultades socioeconómicas.

En este sentido, alertan de las consecuencias que puede generar la especulación en torno a la regeneración urbana con la llegada del TAV a Bilbo y el soterramiento de las vías ferroviarias. «Las noticias hablan de la construcción de al menos el 57% de viviendas de venta libre, así como de la falta de equipamientos públicos y comunitarios o de zonas verdes y de ocio infantil. Poco más sabemos, pero no son buenas noticias para unos barrios, como los nuestros, que necesitan de vivienda pública y social», avisan.

De hecho, diferentes asociaciones, como el sindicato de vivienda AZET, llevan tiempo denunciando que fondos buitres como Global Pantelaria o Blackstone se están haciendo con una gran cantidad de pisos con el fin de alquilarlos o venderlos más caros cuando la regeneración urbana de la zona sea un hecho. Mientras, ponen altos alquileres para que la gente con menos recursos se vea obligada a abandonar el barrio. No son pocos los desahucios que se han dado en estos barrios bilbainos en los últimos años.

Por todo ello, la coordinadora de grupos reclama a las administraciones públicas que se trabaje para «facilitar el acceso a una vivienda digna en nuestros barrios para todas las personas. Asimismo, exige que intervengan para «garantizar un sistema justo de alquiler, un parque de vivienda pública suficiente y adaptada a necesidades para luchar contra desahucios innecesarios, contra el acoso y la pobreza energética».